Unas 300 personas se han concentrado este miércoles frente al Edificio de Usos Múltiples II de Las Palmas de Gran Canaria para reclamar al Gobierno regional el acceso a la propiedad de sus viviendas de promoción pública. Unas escrituras que —dicen— les prometieron hace más de 30 años.
Los manifestantes, procedentes de distintas promociones de vivienda pública y municipios, reclaman que se cumpla el compromiso que, según explican, adquirió el Ejecutivo autonómico a finales de los años noventa y que debía permitir a los adjudicatarios acceder a la propiedad de sus viviendas después de cumplir determinadas condiciones.
“No quieren reunirse”
La protesta llega después de meses de reclamaciones y ante la falta de respuesta que, según los afectados, están recibiendo por parte de la administración. Dylan Santana, uno de los representantes de la Plataforma 289 Vivienda por Derecho, asegura que continúan intentando reunirse con el Gobierno, pero que les trasladan que “tienen la agenda repleta, llena y que es imposible”.
“Consideramos que no se quieren reunir con nosotros, porque un hueco siempre cabe", sostiene Santana, quien asegura que continuarán con las movilizaciones “hasta que nos atiendan y recibamos una respuesta”.
“Presentan deterioro”
Ayoze Santana, presidente de la plataforma, asegura que las familias sienten que el Gobierno de Canarias está incumpliendo el compromiso adquirido hace décadas. “En el año 2000 se les dio una garantía de un documento firmado al pase de la propiedad. Hemos cumplido y, después, 30 años después, el mismo color político, el mismo Gobierno de Coalición Canaria, que es el que suscribió ese acuerdo, intenta boicotear a las familias”, señala.
Ayoze también denuncia el deterioro de las viviendas y que sean los propios vecinos quienes estén asumiendo los costes: “Esas casas presentan dificultades, deterioros que obviamente tiene que asumir la Dirección General de Vivienda y lo están asumiendo encima los vecinos”.
“Hemos pagado 127.000 euros”
Una de las principales reclamaciones de las familias tiene que ver con el dinero que han abonado durante décadas por unas viviendas que, según sostienen, debían poder adquirir en propiedad. Araceli Refoyo, presidenta de la Plataforma Viviendas Sociales en Lucha, explica que algunas familias han llegado a abonar cantidades muy superiores al precio inicial de las viviendas.
“Nosotros hemos abonado 127.000 euros, porque nuestros alquileres están en 380 euros. Multiplícalo por 30 años, ¿cuánto te da?”, señala. Refoyo explica que las familias accedieron a sus viviendas entre 1997, 1998 y 1999 y que, en su caso, continúan pagando actualmente.
Todo el Archipiélago
Según los afectados, el problema se extiende por distintas islas. En Gran Canaria hay familias de promociones situadas en Las Palmas de Gran Canaria y Telde, mientras que también han contactado con la plataforma personas de Tenerife, La Gomera y Fuerteventura.
La plataforma calcula que el número de viviendas afectadas en Canarias ronda las 10.700, aunque los propios representantes reconocen que no han podido realizar todavía un recuento completo de las familias integradas en su organización.
“Tenemos esperanza”
Los manifestantes consideran que la concentración de este miércoles debe servir para que el Ejecutivo autonómico se siente con ellos y explique cuál es la solución que plantea para estas viviendas.
“Esperanza tenemos. Así es como hemos comunicado a todas las familias desde la plataforma: nos tienen que escuchar”, afirma Santana. “El pueblo canario se tiene que escuchar y más cuando hay tantas familias afectadas”, apostilla.
El representante de los vecinos sostiene también que las familias han mantenido reuniones con abogados y han recorrido las distintas urbanizaciones afectadas para informar a los vecinos sobre la situación. Por otro lado, denuncia que algunos afectados son personas mayores que llevan décadas esperando una solución.
Decreto
Los afectados también cuestionan el nuevo marco normativo y consideran que el decreto 23/2026 perjudica sus intereses. Refoyo sostiene que la nueva regulación “perjudica gravemente a la ciudadanía” y que permitiría sustituir la situación actual por nuevos contratos de alquiler.
“Pretenden que firmemos un nuevo contrato de alquiler por cinco años”, asegura. Según su interpretación, las rentas podrían actualizarse hasta situarse en torno a los 800 euros, una cantidad que, afirma, “no van a poder pagar” la mayoría de los adjudicatarios de viviendas públicas en Canarias.
Incertidumbre
Pero la cosa no queda ahí: los afectados consideran que esta situación genera incertidumbre entre las familias, especialmente entre quienes llevan décadas viviendo en estas casas y han asumido además gastos relacionados con su mantenimiento.
“La gente mayor se está muriendo sin ver sus escrituras formalizadas”, lamenta Refoyo.
Vía judicial
La protesta no es la única vía que plantean los afectados. Elizabeth Guillén Santana, administradora de la Plataforma Viviendas Sociales en Lucha, asegura que también han decidido llevar el conflicto a los tribunales.
Según explica, inicialmente reclamaron la propiedad de las viviendas por la vía administrativa, pero un juez determinó que la cuestión debía plantearse por la vía civil.
Más allá del dinero
Los afectados insisten en que su reivindicación no se limita a una cuestión económica o administrativa. Muchas de las familias llevan alrededor de 30 años viviendo en las mismas casas y han criado allí a sus hijos.
“Para ellos son viviendas, para nosotros son nuestros hogares”, resume Guillén. “Hemos criado a nuestros hijos allí”, agrega.
“Seguiremos creciendo”
La plataforma asegura que la concentración de este miércoles no será la última. Santana afirma que continuarán creciendo y organizando nuevas movilizaciones mientras no obtengan una respuesta de la Administración.
“Seguiremos creciendo, manifestándonos y reivindicando nuestro derecho a la propiedad”, sostiene.
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