La comisión creada en el Parlamento de Canarias para dilucidar las responsabilidades políticas del Caso Mascarillas ha finalizado tras casi dos años de intervenciones y requerimiento de información con un principal señalado: el expresidente de Canarias y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. La comisión considera que Torres es responsable de tratos de favor, privilegios e irregularidades que motivaron la trama lo que ha llevado al Partido Popular a exigir no solo respuestas sobre los hechos descritos en el dictamen, sino también su dimisión.
Fernando Enseñat, diputado del Partido Popular, ha sido uno de los más críticos y mordaces a lo largo de los dos años de esta comisión. Tras publicarse el dictamen ya señala abiertamente a Torres. A esta entrevista acude con el documento impreso y encuadernado. También con un folio con los mensajes que Torres envió a Koldo García en letra grande, unos mensajes que a toda costa quiere leer para que quede por escrito.
-Pregunta: En el voto particular, se señala que el dictamen demuestra un sesgo subjetivo y plantea que se hace con una idea preconcebida. ¿A lo largo de toda la comisión en qué momento, comisión o documento detectaron efectivamente que había una responsabilidad política de Torres?
-Respuesta: El dictamen se formó con las declaraciones de más de 50 personas, con documentación, con los informes de la UCO y con distintas informaciones que hemos podido disponer. A lo largo del dictamen se ha ido demostrando la participación directa del señor Torres, del señor Antonio Olivera y el señor Conrado Domínguez. No hay un momento, un punto de inflexión que diga ahora, no, al final cuando se ha juntado toda esa documentación, todas esas declaraciones es cuando se ha hecho un análisis y es por lo que pedimos al señor responsabilidades políticas, explicaciones. Yo creo que el señor Torres debería de pedir perdón a los canarios y asumir esas responsabilidades políticas y dimitir. Y por lo que me decía del PSOE y cómo ha descalificado este dictamen, tal vez lo que sí vimos desde el primer momento es que la estrategia quien la tenía marcada era el Partido Socialista, al continuamente intentar desprestigiar a esta comisión de investigación. Torres y el PSOE de Canarias se pueden hacer las víctimas todo el tiempo que quieran, lo que no puede hacer el señor Torres es borrar sus Whatsapp con la trama criminal.
-¿Para el PP Torres entonces obró a favor de la supuesta trama y descarta que todo radicara en una imprudencia por la situación pandémica?
-Como recoge el dictamen, Ángel Víctor Torres abrió la puerta de Canarias a la trama corrupta, Ábalos, Koldo y Aldama y a las empresas con las que operaba, especialmente Soluciones de Gestión. Nos dijeron en declaración en el tanto en el Congreso como en el Senado como en esta comisión de investigación que la empresa se había puesto en contacto con el director del Servicio Canario de Salud a través del señor Antonio Olivera y que había sido el director del Servicio Canario de Salud el que había gestionado todo lo que tiene que ver con la contratación. Pues ya sabemos que eso no es cierto. El señor Olivera, mano derecha de Torres, escribió un mensaje a Íñigo Rotaeche, representante de Soluciones de Gestión, diciendo, ‘Íñigo, prepárame la oferta con 2 millones, negocié con Koldo esa cantidad’. Por lo tanto, Ángel Víctor Torres le abrió la puerta de la empresa Soluciones de Gestión y la trama de Canarias para que operaran en Canarias. Y este mensaje lo tienen que explicar, como todos los demás.
-¿No avalan la tesis de que se estaban buscando empresas que garantizaran mascarillas a Canarias?
-Por supuesto que se buscaron empresas para suministrar mascarillas, guantes y todos los elementos sanitarios de protección, faltaría más que no se hubiera hecho. Pero todos los problemas que se recogen en el dictamen no vienen de los proveedores que servían antes de la pandemia, que sirvieron durante la pandemia y posteriormente han seguido trabajando con el Servicio Canario de Salud. Viene con esas empresas que venían de la mano de la trama y con esas empresas que venían apadrinadas por el Partido Socialista. De los 100 millones de contratación de emergencia hay 20 millones sujetos a todas estas investigaciones. El resto de las empresas no tuvieron problemas, no tuvieron conflictos.
-¿Ven un mismo patrón en la contratación de todas las empresas de la trama?
-De las que vinieron de la trama corrupta y condenada de Ábalos, Koldo y Aldama, el patrón es el mismo: una injerencia y una participación directa y continuada durante meses del ámbito político del señor Torres, al margen de los cauces de los procedimientos administrativos de contratación del Servicio Canario de Salud, del que se aplicaba a esos proveedores habituales.

-¿Si se hubieran seguido los cauces de contratación habituales, considera entonces que se habría puesto de manifiesto que estas empresas no eran aptas para estos contratos?
-RR7, una empresa importadora de coches, nunca había trabajado con el sistema sanitario, se le paga 4 millones de euros por 1 millón de mascarillas que nunca llegaron, sin pedirle solvencia, sin pedirle capacidad. Soluciones de Gestión, se le hace un primer contrato de la mano de Torres de 6 millones de euros de dinero público, una de cada tres mascarillas no eran válidas y a pesar de eso se le hace un segundo contrato de cinco millones de euros y se adapta a las necesidades de la empresa, a lo que trajo la empresa para poder pagarle, con un sobreprecio de un 560% a las mascarillas del precio de ese momento. Eso es lo que tiene que explicar Torres.
-Si existen esas supuestas irregularidades, ¿por qué la justicia todavía no ha señalado a Torres?
-Esto es una comisión de investigación, un dictamen político donde buscamos responsabilidades políticas y son las que estamos pidiendo, responsabilidades políticas al señor Torres y que dimita. La parte judicial, se resuelve en otros ámbitos. Hemos visto cómo hace muy poco se condenaba a la trama corrupta Ábalos por delitos muy graves, prevaricación, por tráfico, por malversación de dinero público. A Ábalos, Koldo, Aldama y a las empresas que funcionaban. Existen piezas separadas, por lo que sabemos tanto en la Baleares de Armengol como en la Canarias de Torres. Entonces dejemos caminar a la justicia porque ese es otro ámbito en donde nosotros, por supuesto, no podemos entrar y respetamos absolutamente.
-Pero puede que la gente valore más una sentencia que demuestre unos hechos que un dictamen que se mueve en el ámbito político
-Los canarios y las canarias van a tener que decidir si un mensaje como ‘me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica…o lo soluciona o lo levanto para el aire’, ‘esta mierda la voy a resolver sí o sí’, ‘abre el vino’, ‘me dejo violar por ti’, ‘ya está solucionado’ o ‘tiene huevos que estas cosas las tengas que hacer tú’ son los mensajes que esperaban de su presidente de Canarias cuando estábamos en lo más duro de la pandemia. Si fuera él le pediría perdón a los canarios y asumiría responsabilidades. Los canarios tienen que decidir si esto es lo que esperaba de su presidente en estos momentos tan duros.

-¿Qué le parece el voto particular presentado al dictamen?
-La estrategia del Partido Socialista de Canarias del minuto cero ha sido desprestigiar a la comisión de investigación, desprestigiar a las personas que venían que no les gustaban sus declaraciones, a los informes de la UCO, a la documentación que manejábamos y el voto particular no es más que el reflejo de eso, de esa estrategia. De hacerse la víctima, de faltarle el respeto a los canarios y negarlo todo, decir que todo es mentira, que nada existió y no doy ninguna sola explicación y como digo, ese menosprecio, falta de respeto al dictamen y el voto particular no es más que el reflejo de esa estrategia.
-¿Y qué le parece que la Agrupación Socialista Gomera se haya sumado a ese voto particular, rompiendo con la unión que ha habido esta legislatura entre los grupos que apoyan al gobierno?
-En el dictamen pedimos responsabilidades políticas por un lado de las personas que actuaron, que eran responsables y que ejecutaron presuntamente, pero por otro lado también que se extiende la responsabilidad política al Pacto de las flores. Aquellas personas que miraron para otro lado, que cerraron los ojos, que cerraron la boca, que prefirieron no preguntar, que no les preocupó. El pacto de las flores les recuerdo que era el Partido Socialista, Nueva Canarias, ASG y Podemos. El caso Mascarillas salta a la prensa en mayo del año 2022. Lo más lógico sería que en ese momento un gobierno serio y responsable hubiera hecho dos cuestiones: primero apartar o cesar al señor Conrado Domínguez como director del Servicio Canario de Salud y segundo tenían que haber abierto una investigación interna. No lo hicieron, pero lo peor, nadie del pacto pidió que se hiciera.
-¿Existe un doble rasero del PP al defender una comisión para investigar los contratos durante la pandemia en Canarias pero negarla en otros territorios?
-Yo soy diputado por Fuerteventura en el Parlamento de Canarias, pertenezco al Partido Popular de Canarias y nosotros actuamos y trabajamos en Canarias. La pedimos la legislatura pasada, el Partido Socialista, Nueva Canarias, Podemos y ASG nos la negaron. La pedimos en esta legislatura y se ha abierto y de ahí, de esa comisión de investigación haciendo un trabajo serio, riguroso, investigando y tratando no solo las comparecencias sino la documentación hemos podido hacer este dictamen. Quien quiera utilizar otras cuestiones a lo largo y ancho del territorio nacional para intentar tapar, cubrir, menospreciar o negar las conclusiones de esta comisión de investigación, es libre de hacerlo, pero yo creo que no lo debería hacer y no creo que pueda hacerlo.
-¿Con este dictamen el PP da por zanjada la cuestión a la espera de lo que digan los tribunales?
-Yo creo que los hechos son lo suficientemente graves, lo suficientemente duros, para seguir exigiendo responsabilidades políticas, explicaciones, y una disculpa a los canarios. Pero sí me gustaría decir algo, que son las 22 recomendaciones del dictamen, porque el dictamen no solo recoge las responsabilidades políticas, sino qué debemos hacer para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Una de las recomendaciones principales tanto al Gobierno de España como al Gobierno de Canarias es que hay que establecer unos protocolos- a través del artículo 120 de la Ley General de Contratación del Sector Público, que es el que regula la contratación de emergencia- tanto de control, de seguridad, como de trazabilidad de las decisiones que se tomen. Tenemos que establecer unas medidas para que haya una documentación mínima que tiene que estar sí o sí en esos expedientes y una trazabilidad de las decisiones, en el ámbito político y técnico.
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