El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido este jueves en el pleno del Parlamento autonómico los acuerdos extrajudiciales alcanzados con empresas y particulares afectados por la moratoria turística, al considerar que han permitido evitar el pago de hasta 1.000 millones de euros en indemnizaciones.
Según ha explicado Clavijo, frente a los 1.000 millones de euros que podrían haberse tenido que abonar si se hubiera mantenido la vía judicial, los acuerdos alcanzados han permitido pagar hasta ahora 261 millones de euros.
Cruce con Nueva Canarias
Clavijo ha defendido estos acuerdos frente a las críticas del diputado de Nueva Canarias Luis Campos, quien ha calificado el pacto entre el Gobierno de Canarias y los propietarios afectados de "manipulación, trampa y rendición absoluta".
Campos ha señalado que los acuerdos, que se sitúan en torno a 500 millones de euros, permiten a los particulares y empresas conservar la propiedad de los suelos y mantener intactos sus derechos urbanísticos.
A su juicio, esta actuación no supone "defender los intereses de Canarias", sino los de particulares y empresas, a los que, según ha afirmado, se les ha concedido "todo lo que han pedido".
El origen de las indemnizaciones
El diputado de Nueva Canarias también ha cuestionado que las indemnizaciones sean consecuencia de las leyes de moratoria turística de 2001 y 2003.
Campos ha asegurado que las sentencias relacionadas con esas normas terminaron finalmente a favor de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Tribunal Supremo y que, por tanto, supusieron cero euros en indemnizaciones.
Según su explicación, las condenas que dieron lugar a las indemnizaciones derivan de la no aplicación del artículo 17.1 de la Ley 6/2009, por lo que, en su opinión, no se puede atribuir esa responsabilidad a las leyes de moratoria de 2001 y 2003.
Clavijo cifra en 36 las condenas
Clavijo ha respondido que las sentencias condenatorias se produjeron en 2008 y que precisamente la Ley 6/2009 y su artículo 17.1 llegaron para dar respuesta a la legislación y a las Directrices de Ordenación del Territorio aprobadas en 2003.
El presidente canario ha cifrado en 36 las sentencias condenatorias, por un importe conjunto de 1.000 millones de euros.
Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico optó por buscar acuerdos extrajudiciales con los propietarios afectados. Estos pactos fueron posteriormente validados por los juzgados y han permitido reducir los pagos efectuados hasta ahora a 261 millones de euros, aunque algunos de los propietarios afectados han decidido no suscribirlos.
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