Las viviendas públicas canarias ya no se repartirán a través del azar. El Gobierno de Canarias va a estudiar cada caso de solicitud de acceso a una vivienda pública para garantizar que los hogares construidos con carácter público recaigan en quienes más lo necesitan. Así lo ha anunciado el Ejecutivo regional, que ha aprobado un decreto que transformará los criterios de adjudicación, en los que se incluirá la obligación de haber vivido en Canarias más de 10 años para ser beneficiario.

“Se acaba el sistema de sorteo y se implanta un sistema de baremación objetiva”, ha anunciado el consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Esta baremación se hará “en base a la situación social, la situación económica y a la composición y circunstancias familiares”, ha añadido Rodríguez.

Residencia en Canarias

Junto al fin de los sorteos, el otro gran cambio en la adjudicación es el hecho de que se establecerá “un requisito de arraigo y residencia” a través del cual se obliga a que, para acceder a una vivienda pública en Canarias, el solicitante haya tenido que residir más de 10 años de forma continuada o 15 años de manera discontinua.

“Con esto no solamente estamos quitando el sistema de sorteo sino que además estamos priorizando las personas residentes que son demandantes de vivienda en el Archipiélago”.

Aumento de cupos

Otro cambio relevante es el aumento de cupos en las promociones a los sectores más vulnerables. Los jóvenes pasarán de tener un cupo del 5% al 20%, los mayores de 65 años pasarán de un 5% a un 10%, las personas con limitaciones funcionales también pasarán del 5% al 10%, mientras que las víctimas de violencia de género pasarán del 5% al 8%.

El consejero ha señalado que con este aumento de cupos se incrementan las oportunidades tratando de primar a los “colectivos prioritarios” a la hora de obtener una vivienda.

Viviendas prefabricadas

Otro de los puntos que ha destacado Rodríguez es la modernización del modelo constructivo a través del decreto, con el que se va a apostar por la “vivienda industrializada”, es decir, por las viviendas prefabricadas “que nada tienen que ver con infraviviendas sino con viviendas modernas, dignas, que desde luego estén adaptadas a nuestro territorio”.

El Gobierno de Canarias ha añadido posteriormente en la rueda de prensa que el decreto también incorpora por primera vez el régimen general de obligaciones que deben asumir las personas adjudicatarias de viviendas de promoción pública. También se ordena por primera vez el régimen de adjudicación de plazas de garaje y otros anejos no vinculados a las viviendas.

A la espera de un informe

El texto se ha tomado en consideración este martes en el Consejo de Gobierno y se ha solicitado el informe al Consejo Consultivo y, una vez este remita su dictamen, se aprobará en el seno del Ejecutivo regional.

El consejero ha asegurado que este decreto sigue la senda de los objetivos marcados por el propio Gobierno de Canarias, a través de los anteriores decretos aprobados, “donde la vivienda y la emergencia habitacional es una absoluta prioridad”.