El Consejo de Gobierno de Canarias ha dado este martes un nuevo impulso a la futura Ley de la Canariedad en el Exterior, una norma que sustituirá a la vigente desde 1986, considerada desactualizada tras décadas en vigor.
El Ejecutivo autonómico ha acordado remitir el texto a todos sus departamentos para que realicen aportaciones, continuando así con el procedimiento reglado antes de su aprobación definitiva y posterior envío al Parlamento de Canarias.
Tramitación en marcha
La futura ley ya ha superado el periodo de consulta pública previa, durante el cual ciudadanos y organizaciones pudieron presentar propuestas a través del portal institucional. Parte de estas aportaciones han sido incorporadas al proyecto por la Dirección General de Emigración.
Con este avance, el Gobierno continúa la tramitación de una norma que busca adaptarse a la realidad actual de los canarios residentes en el exterior, muy distinta a la existente cuando se aprobó la legislación aún vigente.
Reconocimiento y nuevos derechos
El objetivo del texto es reforzar los vínculos culturales, sociales e institucionales con las comunidades canarias fuera del archipiélago, así como reconocer su contribución histórica.
Entre las medidas previstas se incluyen la regulación de derechos como la cobertura sanitaria de urgencia durante estancias en Canarias, ayudas para estudios universitarios, programas para retornados y diferentes apoyos de carácter social y económico.
Participación y gestión adaptada
La norma también definirá conceptos como arraigo, cultura e identidad, actualizará los canales de participación de las comunidades en el exterior y establecerá un sistema de subvenciones adaptado a la normativa de cada país.
Asimismo, se contempla la posibilidad de utilizar entidades públicas o acuerdos con organizaciones españolas o extranjeras para facilitar la gestión y el pago de ayudas.
Una comunidad amplia en el exterior
Según los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), la población de canarios y descendientes fuera de las islas alcanza las 200.000 personas, con especial presencia en Cuba, Venezuela y Estados Unidos, además de varios países europeos.
El informe que acompaña la ley subraya que esta actualización responde a las demandas actuales de la diáspora y al mandato del Estatuto de Autonomía, que obliga a reconocer la identidad de las comunidades canarias en el exterior.
Parte del plan legislativo
La iniciativa forma parte del programa legislativo del Gobierno presidido por Fernando Clavijo para la actual legislatura.
El Ejecutivo descarta mantener la normativa vigente, al considerar que supondría prolongar una situación de desajuste legal y de falta de respuesta a las necesidades reales de los canarios en el exterior.
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