El Gobierno central prevé que 780 menores no acompañados solicitantes de asilo estén incorporados al sistema de acogida y protección internacional antes del viernes 21 de noviembre, fecha en la que expira el plazo fijado por el Tribunal Supremo para cumplir su último auto sobre estos traslados.
La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, afirmó en un vídeocomunicado que el Ejecutivo “cumple sobradamente el auto del Supremo”, en la semana clave para ejecutar la orden judicial sobre el reparto de menores no acompañados solicitantes de protección internacional.
Menores ya integrados y traslados pendientes
Según los datos facilitados por Cancela, antes del tercer auto del Tribunal Supremo ya se habían integrado 337 jóvenes en el sistema estatal. A esa cifra se suman ahora 260 niños y niñas incorporados desde entonces, y quedan 127 menores pendientes de traslado a lo largo de esta semana.
De este modo, se alcanzaría el objetivo de 780 menores dentro del sistema de acogida y protección internacional antes del fin del plazo.
La secretaria de Estado precisó que aún falta que el Gobierno de Canarias remita datos complementarios de entre 70 y 80 menores, necesarios para completar los trámites.
88 menores, a la espera de trámites
Tras los movimientos ya realizados y los previstos estos días, 88 menores quedarían todavía pendientes de algún tipo de gestión administrativa por parte del Ejecutivo canario.
Fuentes del Comité Interadministrativo entre los Gobiernos de España y Canarias sobre menores no acompañados solicitantes de protección internacional señalaron que, una vez finalice el plazo el día 21, se remitirá al Tribunal Supremo la acreditación del cumplimiento del auto.
Las mismas fuentes subrayan que, tras el envío de esa acreditación, ambas administraciones seguirán colaborando en la atención a los menores que continúen llegando a Canarias y soliciten asilo, mientras el alto tribunal no dicte sentencia definitiva sobre el fondo del asunto.
Cancela recalcó que el Gobierno ha puesto a disposición de Canarias “los recursos suficientes” para cumplir con el mandato judicial y que este trabajo no concluye con el fin del plazo, sino que continuará “al amparo del Tribunal Supremo, que sigue vigente”, por lo que será necesario “seguir trabajando” en la coordinación entre administraciones.
