El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha defendido este miércoles el Decreto-Ley para la Agilización de Licencias Urbanísticas y el Impulso de Vivienda, que busca incentivar al sector privado a construir vivienda protegida y asequible.

El decreto, destinado a resolver las demoras administrativas, introduce colaboración público-privada en la emisión de los informes técnicos necesarios para conceder licencias urbanísticas, según ha informado el Ejecutivo.

Nuevos actores en la elaboración de informes

Desde ahora, estos informes podrán ser elaborados no solo por técnicos municipales, sino también por colegios profesionales, medios propios personificados o entidades urbanísticas acreditadas.

Aunque no serán vinculantes, estos informes tendrán eficacia jurídica inmediata, sustituirán al municipal en los aspectos favorables y no necesitarán ratificación. En caso de discrepancia, la administración podrá completar el expediente.

Defensa del decreto y garantías de imparcialidad

Tras reunirse con representantes de Fepeco, Rodríguez negó que se estén invadiendo competencias municipales, ya que se trata de una fórmula de colaboración para resolver un problema real.

Aseguró que Fecam respalda esta postura con un informe propio y defendió que los informes pueden realizarlos entidades acreditadas, lo que aporta una mayor imparcialidad técnica.

Consenso institucional y urgencia habitacional

El decreto fue elaborado por la Consejería de Política Territorial junto con la de Obras Públicas y Vivienda, en coordinación con sectores implicados en los últimos meses.

Ya en vigor tras su convalidación parlamentaria, la norma busca acelerar licencias y facilitar el acceso a la vivienda, especialmente en grandes ciudades, donde alquilar se ha vuelto difícil y costoso.

Incentivos fiscales y respaldo del sector

Rodríguez insistió en que hay que incentivar la construcción y reincorporar viviendas cerradas al mercado mediante incentivos fiscales, como la deducción de hasta 1.200 euros en la renta para quienes alquilan sus viviendas.

El presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, elogió la "valentía" del Gobierno al aprobar esta ley de simplificación administrativa, y denunció un problema estructural por la lentitud en los trámites urbanísticos.

Críticas al bloqueo político y defensa del decreto

Izquierdo criticó que las licencias de obra tarden hasta tres años en concederse, cuando deberían otorgarse en tres meses, y lamentó la oposición ideológica de algunos alcaldes, especialmente socialistas.

Aseguró que el decreto no invade competencias, sino que ayuda a los ayuntamientos a gestionar la carga administrativa. “Este decreto viene a solventar, ayudar y multiplicar”, concluyó, destacando que mantiene siempre la seguridad jurídica.