El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha asegurado este lunes que coincide con la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, en que la recién aprobada Ley de Vivienda Vacacional aún necesita desarrollo reglamentario. No obstante, subrayó que el Ejecutivo no podía “seguir mirando para otro lado” ante el crecimiento desordenado de esta actividad.
“Había que dar garantías”
Cabello defendió que la norma aporta por fin seguridad jurídica tanto a los gestores de viviendas vacacionales como a los ayuntamientos, que ahora “saben a qué atenderse”. Considera que esta situación es “mejor que la indefinición” que, a su juicio, ha marcado los últimos años y ha limitado la capacidad de los municipios para actuar.
El portavoz destacó que la ley fija un límite claro:
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10 % de las viviendas del municipio (20 % en las islas verdes) podrán destinarse a uso vacacional.
Cada ayuntamiento deberá ordenar esta actividad “con responsabilidad”, adaptándola a su realidad local. “Canarias tiene 88 realidades diferentes, y la ley debe ofrecer un marco amplio que permita ajustes a cada isla y municipio”, afirmó.
Evitar distorsiones en el turismo y la vivienda
Cabello advirtió de que en algunos municipios las viviendas vacacionales superan ya a las plazas hoteleras, generando desequilibrios tanto en el modelo turístico como en el mercado residencial. Por ello, insistió en que la regulación busca corregir distorsiones y “ordenar un fenómeno que estaba creciendo sin control”.
El portavoz recordó su experiencia como concejal de Turismo en Santa Cruz de Tenerife, donde intentaron aprobar una ordenanza municipal. “Fuimos incapaces de hacerlo”, afirmó, porque sin una ley autonómica “no se podían desarrollar ordenanzas” que dieran cobertura legal a los municipios.
Cabello concluyó defendiendo que el Gobierno seguirá dialogando con los ayuntamientos para concretar el desarrollo reglamentario, pero insistió en que la aprobación de la ley era un paso “ineludible” para ordenar el sector.