La aplicación de la nueva Directiva europea de Aguas Residuales va a polémica por semana. El pasado 5 de septiembre, Canarias reclamó un calendario y una financiación que permitan adaptar sus infraestructuras a las exigencias comunitarias porque considera que la fragmentación del territorio canario impide aplicar todos los cambios necesarios en una década.
La Directiva pretende reducir la contaminación de ríos, mares y otras masas de agua y proteger la salud, mejorando la recogida y depuración de las aguas usadas. Para ello, amplía las obligaciones a núcleos de población más pequeños, exige tratamientos más avanzados en determinadas depuradoras para eliminar nutrientes y microcontaminantes e impulsa la eficiencia energética y el control de los vertidos provocados por las lluvias. También obliga a empresas contaminantes a financiar buena parte del tratamiento de microcontaminantes, aplicando el principio de "quien contamina paga". Su implantación será progresiva, con distintos plazos según la obligación y el tamaño de las instalaciones
Las farmacéuticas se suman
Ahora, siete asociaciones de los sectores farmacéutico, biotecnológico y cosmético han encargado a PwC un informe que cuestiona el reparto de los costes del tratamiento cuaternario, destinado a eliminar microcontaminantes de las aguas residuales.
La Directiva establece que los productores de medicamentos de uso humano y cosméticos deben sufragar al menos el 80% de los costes comprendidos en su régimen de responsabilidad ampliada del productor. El tratamiento cuaternario permite reducir sustancias que los procesos convencionales de depuración no eliminan suficientemente.
Los costes
El informe que han encargado a PwC discute que la atribución de esa responsabilidad a estos sectores esté suficientemente sustentada. Sostiene que los estudios utilizados presentan incertidumbres sobre la contribución de cada actividad a la contaminación y cuestiona que otras fuentes de microcontaminantes queden fuera del sistema de financiación.
El documento ofrece una estimación del esfuerzo que supondría incorporar esta tecnología en España. Su escenario contempla 241 depuradoras en todo el país: 95 grandes instalaciones y otras 146 que podrían quedar afectadas por su ubicación en zonas de riesgo. Estas últimas constituyen una aproximación preliminar, pendiente de la delimitación de dichas zonas. En conjunto, las instalaciones consideradas tratarían alrededor del 62 % de las aguas residuales urbanas del país.
PwC calcula un coste para estas industrias contaminantes de unos 252 millones de euros anuales a partir de 2046, una vez completado el despliegue previsto. De esa cantidad, estima que unos 201 millones recaerían sobre los sectores farmacéutico y cosmético. Las cifras corresponden al tratamiento cuaternario y no al conjunto de las obras necesarias para cumplir todas las obligaciones de la directiva.
Canarias
En Canarias, el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, advirtió en el Parlamento de que "en diez años no es posible" cumplir los plazos y reclamó un régimen adaptado a la condición ultraperiférica del Archipiélago. El Ejecutivo señala que la dispersión de la población, la orografía y la fragmentación territorial dificultan y encarecen las infraestructuras. También pide financiación suficiente y soluciones individuales donde las grandes redes resulten poco viables.
Entre las novedades que afectan a esa planificación está la ampliación de las obligaciones de recogida y tratamiento a las aglomeraciones de al menos 1.000 habitantes equivalentes, una unidad que mide carga contaminante. La directiva contempla sistemas individuales bajo determinadas condiciones, entre ellas la inviabilidad técnica o los costes excesivos de una red, siempre que se garantice la protección exigida.
El estudio de PwC advierte de que no existe una tecnología óptima para todas las depuradoras y que la elección depende del tamaño, el caudal, la configuración y el espacio disponible. También señala la limitada experiencia operativa en España y las diferencias entre las estimaciones de costes existentes.
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