La reciente aprobación por parte del Gobierno de 52,7 millones de euros en subvenciones públicas para los partidos con representación en el Congreso de los Diputados vuelve a poner el foco en una realidad que Coalición Canaria conoce bien: la importancia decisiva de contar con grupo parlamentario propio en la Cámara Baja, no solo en términos políticos, sino también económicos.

En el reparto correspondiente a 2025, calculado en función del número de escaños y de los votos obtenidos en las elecciones generales de julio de 2023, Coalición Canaria percibirá 221.399,45 euros, una cantidad que refleja su limitado peso parlamentario actual, con un único diputado en Madrid. La cifra sitúa a CC en la parte baja del reparto entre las fuerzas con representación estatal.

El contraste es evidente si se compara con otros partidos de ámbito territorial. El Partido Nacionalista Vasco (PNV), con cinco diputados y grupo propio, recibirá 658.947,77 euros, prácticamente el triple que Coalición Canaria. La diferencia no responde solo a una mayor representación numérica, sino al estatus institucional que otorga el grupo parlamentario, que multiplica los recursos económicos y la capacidad operativa en el Congreso.

Grupo propio

Esta brecha resulta aún más significativa si se observa la evolución histórica. Hubo legislaturas, la sexta y la séptima, en las que Coalición Canaria llegó a contar con cuatro diputados y grupo propio, una situación que le permitía contar con más visibilidad política, tener más presencia en comisiones y disponer de un margen de negociación mucho más amplio con los gobiernos de turno, además de acceder a una financiación muy superior. Aquella posición reforzaba el papel de Canarias en la política estatal, tanto en términos presupuestarios como legislativos.

El reparto aprobado ahora mantiene las mismas cuantías que el ejercicio anterior, ante la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado, y distribuye los fondos entre las principales fuerzas nacionales y territoriales. El Partido Popular lidera la asignación con 18,88 millones de euros, seguido del PSOE —con reparto diferenciado entre PSOE y PSC—, Vox y Sumar. Por detrás se sitúan las formaciones nacionalistas y regionales, donde el número de escaños marca una diferencia determinante en el acceso a recursos.

Por ley

La financiación pública de los partidos está regulada por la Ley Orgánica 8/2007, que establece un modelo con claro predominio de fondos públicos, que suponen entre el 70% y el 80% de los ingresos de las formaciones políticas. En ese contexto, la estructura parlamentaria en el Congreso se convierte en un factor estratégico, especialmente para los partidos territoriales, cuya capacidad de influencia depende en gran medida de su fortaleza institucional en Madrid.

Para Coalición Canaria, los datos refuerzan un mensaje recurrente en el nacionalismo canario: sin grupo propio, la voz política se debilita y los recursos se reducen. Una realidad que no solo afecta a la financiación del partido, sino también a su capacidad para defender con mayor eficacia los intereses de Canarias en el centro de decisión del Estado.