El PSOE está centrando su campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre en la defensa de las pensiones, las becas y los servicios públicos. Su candidato al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, José Antonio Valbuena, presenta estas políticas como un escudo social para Canarias frente a los recortes que atribuye a un posible Gobierno del Partido Popular y Vox. En esta entrevista, el aspirante socialista defiende seguir ampliando derechos, propone condicionar los fondos estatales de vivienda a la aplicación de la ley y responde a las críticas por la gestión migratoria en El Hierro.
—Pregunta: Están centrando la campaña especialmente en las cuestiones sociales. ¿Por qué consideran que un Gobierno del Partido Popular y Vox supondría un recorte de las becas, las pensiones y los servicios públicos?
—Respuesta: En educación pública estamos viendo lo que sucede cuando el PP y Vox gobiernan en comunidades como Madrid o Andalucía, que tienen a los profesores y los alumnos en las calle porque cada vez resulta más difícil acceder a una educación pública de calidad. Pero es que, por ejemplo, en Sanidad, Ignacio Garriga, el diputado de Vox, ha dicho públicamente que la sanidad pública universal es una lacra. O Figaredo, cuando dice que hay que capitalizar las pensiones, que al final es privatizarlas. No estamos hablando de lo que nosotros creemos que van a hacer, sino de lo que ellos ya están diciendo que van a hacer. Por eso nosotros queremos hacer una campaña muy social. Nosotros vamos a esforzarnos para que todo el mundo sepa lo que defendemos, que es seguir ganando derechos; que el Salario Mínimo Interprofesional siga subiendo, que las pensiones sigan subiendo, que las becas podamos seguir multiplicándolas; que podamos ampliar el escudo de protección en sanidad pública, en educación pública y en dependencia. Hay otros que lo que quieren es recortar, porque quieren recortar ingresos del Estado. Y recortar ingresos del Estado es aplicar la motosierra, como ha sucedido en Argentina, donde se han recortado derechos a las personas.
—Habla de las manifestaciones por la educación pero esta semana ha habido una huelga general y existe un malestar social, especialmente con el Gobierno central y con el PSOE. ¿Cómo valora ese malestar y qué responsabilidad tiene el Gobierno de España en el problema de la vivienda?
—Hay un malestar general por la situación en la que nos encontramos. La vivienda es una competencia que está compartida entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen la función de buscar suelo y agilizar licencias. Tenemos un problema: las licencias tardan en concederse en Canarias. La comunidad autónoma tiene la función de desarrollar planes específicos para promover vivienda. Y el Estado tiene tres funciones: la legislativa, la capacidad financiera y las medidas fiscales. El Gobierno de España ha puesto medidas sobre la mesa para incentivar que los pisos no estén vacíos. Ha puesto en marcha lo que son las zonas tensionadas. Aquí, en el caso de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria lo ha solicitado, pero el Gobierno de Canarias no ha querido declararla. Por lo tanto, el Gobierno de España está poniendo medidas sobre la mesa. Lo que pasa es que, para que puedan llegar finalmente al ciudadano, las comunidades autónomas tienen que desarrollar esas medidas. Nuestra obligación es decir que nosotros, en los próximos cuatro años, vamos a seguir apostando por la vivienda protegida. Porque cuando hablamos de construir tenemos que construir viviendas protegidas, a un precio asequible, no viviendas a cualquier precio, como se hace en Madrid. Pero evidentemente también vamos a incentivar, vamos a fomentar y a afinar las medidas para obligar a las comunidades autónomas a ejercer sus competencias.
—¿Cómo obligarían a las comunidades autónomas a cumplir esas medidas en materia de vivienda?
—Primeramente que los programas de fomento de construcción de viviendas que vengan con fondos del Estado se condicionen a unos objetivos que tienen que cumplir las comunidades autónomas. Por ejemplo, recientemente el Consejo de Ministros aprobó ayudas para las zonas tensionadas. Canarias, como no tiene ninguna zona tensionada declarada, ha quedado fuera de ese tipo de ayuda. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que los fondos del Estado se condicionen a que las comunidades autónomas desarrollen la Ley Estatal de Vivienda. Cataluña sí se va a ver beneficiada y Canarias no se va a beneficiar. Esa es, de alguna forma, la fórmula que nosotros queremos practicar. Porque, insisto, hay que construir más viviendas. Esa es la única forma de poder bajar el precio de la vivienda porque liberalizar el suelo, como hizo el PP en el año 1996, lo que produjo fue que, de 1996 a 2008, el número de viviendas que se construían aumentara por cuatro y el precio por 2,5. Por lo tanto, la solución no es liberalizar. La solución es, ante un derecho constitucional, poner medidas de control e intervenir en el mercado de la vivienda, aumentando la oferta a precios asequibles.
—Estamos viviendo un repunte migratorio. Los informes de los servicios de inteligencia habían avisado de que se iba a producir. ¿Por qué no se atendió esa necesidad en El Hierro cuando se sabía que iba a haber un repunte?
—Bueno, se está atendiendo. Hay que reconocer que Canarias tiene la ubicación geográfica que tiene y la ruta atlántica no se puede frenar. No es una barrera física, una frontera en la que tú puedas colocar medidas físicas para evitarlo. Por lo tanto, la gente va a seguir saliendo de las costas africanas, porque hay que recordar cómo está África, que algunas veces se nos olvida. Por lo tanto, en materia de inmigración hay que actuar por varias vías. En primer lugar, cooperando con los países africanos para que la gente pueda tener una oportunidad de vida en su tierra. En segundo lugar, evitando la salida y controlando la salida. En tercer lugar, cuando se detecta una embarcación en alta mar, hay que protegerla, porque por encima de todo hay que salvar las vidas. Y, en cuarto lugar, evidentemente, hay que atender lo que está pasando en El Hierro y darles un tratamiento digno y derivarlos. En este último repunte han llegado a El Hierro casi 8.000 personas y actualmente habrá poco más de 1.000 personas. Eso significa que el resto ha salido de El Hierro, ha salido a Tenerife, a Gran Canaria, a Lanzarote, pero también a la Península. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque además la gente que viene por esta ruta atlántica, la mayoría, casi el 90 %, son personas susceptibles de tener algún tipo de derecho de protección internacional.
—Dice que se está atendiendo pero la gente de El Hierro se ha movilizado por el hartazgo ante la llegada de embarcaciones y porque no están preparados todos los servicios. Entiendo que el Estado debería actuar con suficiente antelación y desde el Gobierno de Canarias se quejan de esta circunstancia.
—Se está atendiendo. El martes hubo una comisión interministerial en la que, además, estuvo presente el Gobierno de Canarias y se pusieron medidas sobre la mesa. Se va a instalar un hospital de campaña y se van a poner medidas provisionales hasta que termine este repunte. Es un repunte que, insisto, se produce de manera periódica y se va a seguir produciendo. Por lo tanto, que nadie se crea lo que dicen Vox y el PP de que van a poder cerrar las fronteras. Esta ruta no la van a poder cerrar. Es imposible que se pueda cerrar. Lo que hay que seguir haciendo es mejorar. Evidentemente, hay que seguir mejorando el trato humano que se les da. Este repunte se produjo hace tres semanas y de esas casi 8.000 personas quedan poco menos de 1.000, que son las que han llegado en los últimos días.
Por lo tanto, se van evacuando, siempre cumpliendo lo que dice la normativa europea. ¿Que puede ser más rápida la respuesta? Por supuesto. Pero frente a eso, la opción que tenemos es lo que dicen el PP y Vox, que es que se queden aquí y ya veremos qué pasa. Y ya no estamos hablando de que las vayamos trasladando a la Península, sino de que en El Hierro, en Canarias, podríamos haber tenido, si hacemos caso a Manolo Domínguez, 150.000 migrantes en un lugar al que no quieren estar.
—¿Defiende el PSOE el despliegue de Frontex en Canarias?
—Por supuesto. Y así el Gobierno de España se ha dirigido a la Unión Europea para que amplíe las medidas de control en esta frontera. Pero insisto, porque es importante: eso no significa que no salgan. Eso no significa que, una vez que han salido, no tengamos que dar un trato digno a esas personas. Cuando te encuentras un cayuco en alta mar, no puedes hacer, como decía Coalición Canaria, obligarles a que den marcha atrás. Eso es un trato indigno y, además, no lo van a hacer.
—Las encuestas les dan tres diputados por esta provincia. ¿Cuáles serán las primeras políticas que pondrán sobre la mesa si gobiernan para que beneficien a Canarias?
—Las primeras que afectan directamente a Canarias son la extensión de la bonificación del transporte por carretera. Esa es la primera. Junto con ella, hay otra más importante, que es consolidar esa financiación adicional que puede recibir Canarias de 1.300 millones de euros al año. Llegamos a un acuerdo con Coalición Canaria, pero el Partido Popular no lo ha apoyado y no dio tiempo a materializarlo. Por lo tanto, tan pronto como Pedro Sánchez vuelva a ser presidente de España, se materializará esa financiación adicional de 1.300 millones para Canarias. Eso significa que Canarias recibirá del Estado ya no 8.900 millones, sino más de 10.000 millones de euros. Por lo tanto, estamos hablando de que casi el 65 % del presupuesto de Canarias será gracias a un Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Esas serán las primeras medidas, porque eso va a suponer poder mejorar en aquellas competencias que tiene que gestionar Canarias. Poder mejorar en vivienda, poder mejorar en sanidad, poder mejorar en educación, poder mejorar en dependencia, poder mejorar en pensiones no contributivas. En definitiva, mejorar esas competencias que gestiona la comunidad autónoma, pero que dependen de los fondos que recibe del Estado.
—Usted ha sido senador durante esta legislatura. ¿Qué políticas para Canarias ha defendido en el Senado?
—El Senado, por desgracia, durante estos tres años y medio ha estado tomado por la mayoría absoluta del PP. Se ha hablado de todo menos de lo que se tenía que hablar, que es una cámara de representación territorial. Era imposible llegar a un tipo de acuerdo en materia de política territorial, que es para lo que sirve el Senado. Han intentado trasladar el Senado a aquello que no podían hacer en el Congreso y donde el insulto era el principal argumento por parte de Vox y el PP. He presidido durante tres años y medio la Comisión Mixta de Insularidad. Ahí hemos tratado propuestas importantes defendidas por el PSOE en materia de reconocer las especificidades en financiación para el transporte entre islas y de las islas a la Península, en materia de discapacidad y en materia de funcionarios públicos. Pero, además, entre esas pocas medidas en las que no hemos podido ponernos de acuerdo con el Partido Popular hay una importante, que es que se pueda utilizar la RIC para la adquisición de viviendas asequibles por parte del empresariado. A día de hoy no se ha podido materializar, pero es una medida que afecta directamente a Canarias. También hemos defendido y hecho las gestiones con el Ministerio de Transportes para consolidar la bonificación del transporte o para que no se pusiese en riesgo el 75% de la bonificación del billete de transporte, tanto aéreo como marítimo, de aquí a la Península, como algunos pretenden volver a cuestionar. Por lo tanto, es verdad que no hemos podido desarrollar todas las políticas de ámbito territorial que hemos querido, porque el Partido Popular sencillamente se negaba. Controla las comisiones y se negaba en muchos casos a poder convocarlas.
—¿Por qué debería un canario, especialmente una persona de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, confiar en el PSOE en estas elecciones?
—Porque Vox y el PP representan recortes de derechos. Por lo tanto, aquellos pensionistas canarios, esa mitad que ha visto cómo en ocho años sus pensiones han pasado de 600 a 1.000 euros, necesitan confiar en el PSOE porque seguiremos haciendo que las pensiones sigan subiendo. Lo mismo digo con el 40 % de los canarios que cobran el salario mínimo interprofesional. La única garantía de que sigan subiendo su poder adquisitivo es que un Gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez sea quien fije el salario mínimo interprofesional y no, como quieren Vox y el PP, que lo fije el empresario, porque el empresario nunca va a apoyar que siga creciendo. Pero lo mismo digo en materia de educación pública. La mayor tranquilidad para ese 40 % de chicos y chicas que están estudiando en la universidad gracias a una beca, de que puedan terminar sus estudios, es que el PSOE siga gobernando. Por lo tanto, la única opción que hay es votar al Partido Socialista para garantizar no solo que no perdamos los derechos de estos últimos ocho años, sino que además no perdamos las conquistas de 40 años de democracia.
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