El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado, con los votos a favor de CC, PP, ASG y AHI, grupos que la promovieron, además de Vox. PSOE y NC se han abstenido al considerar que la norma es redundante y está vacía de contenido.
La ley reconoce al profesorado y a los equipos directivos como autoridad pública y les otorga la presunción de veracidad ante situaciones de conflicto, ya sean agresiones, insultos o acoso. Además, la administración deberá prestarles asistencia jurídica y psicológica inmediatas.
Las críticas de PSOE y NC: "Para este viaje no hacía falta estas alforjas"
Las objeciones de la oposición se apoyan en los informes del Consejo Consultivo y del Consejo Escolar de Canarias, que subrayan que la autoridad docente ya está recogida en la normativa estatal y autonómica. También denuncian el rechazo mayoritario a las aportaciones de asociaciones de padres, directivos y estudiantes durante la ponencia.
Marcos Hernández (PSOE) ha resumido su postura con la frase "Para este viaje no hacía falta estas alforjas" y ha augurado que, cuando la ley se publique en el Boletín Oficial de Canarias, "absolutamente nada" va a pasar. Tanto él como Carmen Hernández (NC) han advertido de que, sin ficha financiera, todo puede quedar en "papel mojado" o en "una palmadita en la espalda" a los docentes.
Carmen Hernández ha coincidido en el fondo, el reconocimiento de la autoridad y el respaldo al profesorado, pero ha lamentado que la norma nace "con dos carencias": se ha elaborado "de espaldas a la comunidad educativa" y no contempla más personal de apoyo y equipos de orientación, ni mejoras retributivas.
Enmiendas rechazadas
Las enmiendas de PSOE y NC, muchas de las cuales recogían las peticiones de padres, directivos y estudiantes, han sido rechazadas por los grupos que apoyan al Gobierno canario. Su argumento es que esas propuestas se incluirán en la futura ley de atención a la diversidad y bienestar del alumnado y en el nuevo decreto de convivencia.
Las de Vox han sido rechazadas por "extemporáneas", según ha explicado Jonathan Fumero (CC). Entre otras cuestiones, proponían eliminar la figura del coordinador de igualdad y educación afectivo-sexual.
"Más reconocimiento y protección"
Los grupos que impulsaron la ley sostienen que nació de la reclamación de los docentes de "más reconocimiento y protección", como ha señalado Melodie Mendoza (ASG), y que ha acabado siendo "una ley de la comunidad educativa en su conjunto".
Sonsoles Martín (PP) ha defendido que las leyes vigentes "no eran suficientes" ante la "pérdida progresiva" del reconocimiento social del profesorado y el aumento de situaciones en las que se siente "cuestionado, desautorizado y desprotegido". Según Martín, la norma "no pone al profesor por encima de nadie", sino que le da herramientas para trabajar "con seguridad y respeto". La diputada popular ha agradecido también las aportaciones de los comparecientes en la ponencia, que han ayudado a que el texto sea "mejor y lo más completo posible".
Vox y AHI: apoyo con reservas
Javier Nieto (Vox) ha considerado necesaria la ley, pero la ve "corta y poco concreta" y cree que sus resultados "dependerán mucho de cómo se desarrolle".
En la misma línea, Raúl Acosta (AHI, Grupo Mixto) ha advertido de que la ley "necesitará de un desarrollo adecuado y de medios", porque de lo contrario se generarán "falsas expectativas". Su partido, ha dicho, "estará atento" a que haya "un cumplimiento efectivo".
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