Casi 20 meses después de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, la mayoría de comunidades, en bloque todas las gobernadas por el PP, mantiene su rechazo a aplicar la declaración de zonas tensionadas, mientras Cataluña, pionera en su aplicación, anuncia ya un régimen sancionador para quienes la incumplan.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado esta semana que en 2025 su Govern aprobará un régimen sancionador para quienes incumplan la normativa y enviar "un mensaje claro a quienes quieran especular: la ley está para cumplirse y las viviendas son para vivir".
Cataluña lidera la aplicación de la normativa
En Cataluña son ya 271 los municipios, donde reside el 90 % de la población, los acogidos a la zona de mercado tenso de la vivienda. Solo en tres de las restantes 16 comunidades está el proceso en marcha y será efectivo el próximo año, según la información recabada por las distintas delegaciones de EFE.
En Euskadi, el Gobierno Vasco quiere acelerar la declaración de zonas tensionadas en los 43 municipios que cumplen los requisitos -en los que reside el 68 % de la población, entre ellos las tres capitales-, de los que por el momento solo la localidad guipuzcoana de Errenteria ha recibido ese reconocimiento.
Situación en Navarra y Asturias
En Navarra, el Gobierno se encuentra en proceso de declaración de zonas tensionadas y durante 2025 se modificará la ley para incluir el régimen sancionador para quien no cumpla los límites de alquiler en esas zonas.
El Gobierno asturiano, que también ha expresado su "respaldo inequívoco" a la Ley de Vivienda, no ha declarado por el momento zonas tensionadas aunque está previsto que a lo largo de 2025 se haga con dos barrios de Gijón a petición del ayuntamiento.
Postura de Castilla-La Mancha
El otro ejecutivo autonómico socialista, el castellanomanchego de Emiliano García-Page, ha explicado a EFE que si un ayuntamiento quiere acceder a esa declaración tendría que elaborar los informes pertinentes y someterlos a información pública y a participación ciudadana.
A su juicio, antes de entrar en la cuestión de las sanciones, como ha anunciado ya Cataluña y planea Navarra, es necesario normalizar el mercado, es decir, aumentar la oferta a precios asequibles para reducir tanto la escasez de vivienda como los precios.
Las comunidades del PP mantienen su rechazo
Varios gobiernos autonómicos populares han explicado a EFE que sí aplican la Ley de Vivienda, pero desde luego rechazan las zonas tensionadas. Entre ellos el andaluz, que aplica desde el primer día la Ley de Vivienda, pero no medidas intervencionistas como las zonas tensionadas porque considera que, además de no ser obligatorias, generan el efecto contrario al suponer una subida de precios y retirada de inmuebles del mercado.
Es el caso de Aragón, donde fuentes del ejecutivo han confirmado que no se van a declarar zonas saturadas, y de Murcia, cuyo gobierno regional subraya que estas medidas "no tienen un efecto real en el aumento de oferta de vivienda".
Oposición en Castilla y León, Valencia y Baleares
En Castilla y León, la Junta prefiere disponer de "políticas muy útiles" como las ayudas al alquiler o las deducciones fiscales. La Generalitat Valenciana apuesta por fomentar la construcción de vivienda con un plan para poner en el mercado 10.000 pisos en cuatro años.
El Govern balear no aplica medidas de limitación de precios del alquiler y confía en que sus políticas de incentivos comiencen a dar frutos en 2025.
Críticas desde Madrid y otras comunidades
En Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso considera la Ley de Vivienda "nefasta" y "una barbaridad que está disparando los precios en España". Comunidades como Cantabria, Extremadura, Galicia y La Rioja también rechazan la declaración de zonas tensionadas.
En Canarias, solo cuatro municipios han solicitado ser zona tensionada. El gobierno regional apuesta por medidas como sacar al mercado inmuebles vacíos para uso habitacional.