El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha defendido el voto de su partido contra los decretos de vivienda impulsados por el Gobierno de España y ha cuestionado que las administraciones trasladen a los propietarios particulares la responsabilidad de atender a las familias que necesitan una vivienda.
En declaraciones al programa Buenos Días Canarias, de Televisión Canaria, Domínguez ha asegurado que uno de los momentos en los que se ha sentido "orgulloso de pertenecer al Partido Popular" fue precisamente cuando su formación votó en contra de estas medidas.
"Me he sentido orgulloso de pertenecer al Partido Popular" por haber votado contra unos decretos que, a su juicio, "van en contra de la propiedad privada", ha afirmado.
👉 Manuel Domínguez, presidente del PP en Canarias: "Si me sentido orgulloso de pertenecer al Partido Popular ha sido en el momento en el que hemos votado en contra de unos decretos que van en contra de la propiedad privada" https://t.co/XpKaSwAUjS https://t.co/cVlhMO5FHS
— RTVC (@RTVCes) October 7, 2026
Defensa de los pequeños propietarios
Domínguez ha centrado buena parte de su argumento en el perfil de los propietarios de viviendas en Canarias. Frente a la imagen de grandes tenedores o fondos de inversión, ha defendido que buena parte del parque de alquiler está en manos de particulares.
"Canarias es una comunidad autónoma de pequeños propietarios, de quien tiene un apartamento, de quien tiene como mucho dos, que los ponen en alquiler", ha señalado.
El dirigente popular considera que las políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a la vivienda no deberían apoyarse fundamentalmente en estos propietarios.
"¿Por qué la administración descarga sobre los propietarios la responsabilidad de atender a una parte de la población que nos necesita?", ha planteado.
"La población nos necesita a la administración"
Domínguez ha defendido que son las administraciones públicas las que deben asumir la responsabilidad de proporcionar una respuesta a las familias que no pueden acceder a una vivienda.
"La población nos necesita a la administración, no necesita a los propietarios privados", ha afirmado durante la entrevista.
Su planteamiento se produce en un contexto de fuerte presión sobre el mercado residencial de Canarias, donde el elevado precio de los alquileres y la escasez de vivienda asequible han convertido el acceso a una casa en uno de los principales problemas sociales y económicos de las islas.
El vicepresidente canario ha situado además el foco en el patrimonio inmobiliario que ya está bajo control público y ha puesto como ejemplo a la Sareb, la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria.
El ejemplo de la Sareb
"Estamos hablando del Sareb, estamos hablando que es titularidad estatal", ha señalado Domínguez, que considera que los inmuebles vinculados a esta sociedad deberían servir para dar respuesta a las familias que necesitan una vivienda.
En este sentido, ha planteado que sería preferible que estos inmuebles estuvieran directamente en manos del Estado y pudieran destinarse a fines sociales.
"Sería más sencillo que esos inmuebles, en vez de estar en manos del Sareb, estuviesen en manos del Estado y que pudiesen atender a las familias que nos necesitan", ha defendido.
La Sareb está controlada mayoritariamente por el Estado a través del FROB, que posee algo más del 50% de su capital. La sociedad cuenta con un importante parque inmobiliario procedente de la reestructuración del sistema financiero y ha cerrado acuerdos con distintas administraciones para facilitar viviendas destinadas a alquiler social.
El debate tiene además una dimensión especialmente cercana en Gran Canaria, donde la Sareb ha sido protagonista de actuaciones relacionadas con viviendas ocupadas por familias vulnerables y negociaciones para buscar alternativas habitacionales.
Críticas al Gobierno de España
Domínguez ha terminado sus declaraciones cuestionando la estrategia del Ejecutivo central y su apuesta por medidas que afectan a la relación entre propietarios e inquilinos.
"Yo sigo sin entender cómo el Gobierno de España ha intentado una y otra vez descargar en la propiedad privada esa responsabilidad que debería de asumir por parte suya", ha concluido.
El enfrentamiento sobre estas políticas se produce después de que el Congreso haya rechazado recientemente varios decretos del Gobierno relacionados con la vivienda y la protección de los inquilinos, con el PP entre las formaciones que votaron en contra.
Para Domínguez, la alternativa pasa por que las administraciones incrementen directamente el parque de vivienda pública y aprovechen los activos inmobiliarios que ya se encuentran bajo control estatal, en lugar de trasladar nuevas obligaciones a los propietarios particulares.
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