Mauritania ha ordenado la paralización de las actividades pesqueras de los barcos de la Unión Europea (UE) que faenan en sus aguas. La decisión, adoptada tras el vencimiento del protocolo de pesca que regula las relaciones entre Bruselas y Nuakchot, afecta directamente a Canarias, donde siete embarcaciones con base en Las Palmas utilizan las licencias del acuerdo. La falta de entendimiento entre ambas partes abre un periodo de incertidumbre para una actividad que sostiene intereses económicos, empresariales y portuarios en el Archipiélago.
La orden figura en una circular de la Guardia Costera mauritana, fechada este sábado, 14 de noviembre de 2026, a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy. El documento, identificado con el número 003218, comunica a los consignatarios de los buques europeos la expiración del protocolo y exige a las embarcaciones que suspendan sus operaciones y se dirijan al puerto de Nuadibú para completar los trámites administrativos y marítimos de salida de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país africano.
La comunicación advierte de que cualquier incumplimiento será sancionado conforme a la legislación vigente. No contempla excepciones ni establece un periodo transitorio que permita continuar pescando mientras se negocia un nuevo protocolo. La circular sitúa el vencimiento a las 00.00 horas del 14 de noviembre, aunque la documentación europea fija la conclusión del periodo de aplicación al terminar este sábado.
Siete barcos en Las Palmas
La repercusión para Canarias es directa. Según los datos de utilización de licencias difundidos por el sector, siete embarcaciones con base en Las Palmas operan al amparo del protocolo pesquero con Mauritania. Seis son marisqueros y la séptima es un arrastrero de pescado fresco. Forman parte de los aproximadamente 30 barcos españoles que utilizan actualmente los permisos del acuerdo, aunque España dispone de un número superior de licencias.
La importancia del caladero mauritano para Canarias no se limita a las capturas. La proximidad geográfica y las relaciones comerciales entre ambos territorios han favorecido durante décadas una actividad económica vinculada a la pesca, el aprovisionamiento, las reparaciones navales, el transporte marítimo y la comercialización de productos del mar.
El puerto de Las Palmas constituye una infraestructura relevante para las operaciones pesqueras del Atlántico oriental. Una interrupción prolongada podría repercutir en las empresas que prestan servicios a esta actividad, aunque por el momento no existe una estimación contrastada de las pérdidas económicas específicas para Canarias.
Un acuerdo de 304 millones
El origen de la paralización se encuentra en el vencimiento del protocolo pesquero suscrito entre Mauritania y la Unión Europea para el periodo comprendido entre el 15 de noviembre de 2021 y el 14 de noviembre de 2026. Su dimensión económica explica la importancia de las negociaciones. Bruselas aporta 60,8 millones de euros anuales, lo que representa 304 millones durante los cinco años de vigencia. De esa cantidad anual, unos 3,3 millones se destinan, como promedio, a apoyar el desarrollo de la política pesquera mauritana. A estas aportaciones se suman los cánones que abonan los armadores europeos por las autorizaciones de pesca.
El protocolo contempla posibilidades de captura de hasta 280.050 toneladas anuales, distribuidas entre diferentes especies y modalidades, desde el marisco y el pescado demersal hasta el atún y los pequeños pelágicos. Diez Estados miembros de la UE pueden beneficiarse de estas autorizaciones, entre ellos España, Francia, Portugal, Alemania y Países Bajos. Se trata del principal protocolo pesquero de estas características para la Unión Europea. Su expiración impide continuar faenando al amparo de las autorizaciones existentes, aunque no supone la desaparición automática del acuerdo marco de asociación entre Bruselas y Mauritania.
Las exigencias económicas bloquean la renovación
La suspensión llega después de meses de negociaciones sin resultados. Desde enero se han celebrado cuatro rondas entre representantes europeos y mauritanos, pero las diferencias sobre las condiciones económicas han impedido alcanzar un entendimiento.
Mauritania pretende mejorar la compensación que recibe por permitir el acceso de la flota comunitaria a sus recursos pesqueros. La Comisión Europea, por su parte, debe conciliar las exigencias del país africano con la viabilidad económica de las operaciones y los compromisos de sostenibilidad. Bruselas ha presentado una nueva propuesta que contempla un incremento de las aportaciones económicas y de los cánones abonados por los armadores. Sin embargo, hasta este sábado no se había anunciado un acuerdo que garantizara la continuidad de las operaciones.
España y otros Estados miembros han reclamado a la Comisión Europea que acelere las conversaciones y estudie fórmulas transitorias para evitar una paralización prolongada. El problema es que, incluso si se alcanza un compromiso político inmediato, la tramitación de un nuevo protocolo puede impedir que los barcos regresen rápidamente al caladero.
Millones en pérdidas y empleos amenazados
Las primeras estimaciones del sector permiten medir las posibles consecuencias de una interrupción prolongada. La Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Marisco (Anamar), que representa a 15 embarcaciones, calcula que una suspensión de seis meses podría ocasionar pérdidas cercanas a los 30 millones de euros, a razón de más de cinco millones mensuales.
La Junta de Andalucía ha advertido de que la expiración del protocolo afecta a 60 embarcaciones europeas, de las cuales 25 tienen base en esa comunidad autónoma, y puede comprometer alrededor de 500 puestos de trabajo directos e indirectos. Otras estimaciones sectoriales elevan las pérdidas potenciales hasta los 50 millones de euros, dependiendo de la duración y el alcance de la paralización.
La búsqueda de caladeros alternativos tampoco ofrece soluciones sencillas. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha planteado posibilidades en Guinea-Bisáu y aguas portuguesas, aunque las características de las embarcaciones, las autorizaciones disponibles y la presión sobre los recursos condicionan cualquier traslado. La suspensión también tiene consecuencias para Mauritania, donde las operaciones de la flota europea generan empleo entre los marineros locales y actividad en los servicios portuarios.
Casi cuatro décadas de relaciones pesqueras
La cooperación entre Mauritania y la Unión Europea comenzó en 1987. Desde entonces, los sucesivos acuerdos han permitido a las flotas comunitarias acceder a uno de los principales caladeros del Atlántico noroccidental a cambio de compensaciones económicas y programas de cooperación.
Para Mauritania, estos instrumentos representan ingresos y financiación para su sector pesquero. Para Europa, permiten mantener capturas, actividad empresarial y empleo en diferentes regiones. Canarias ocupa una posición especialmente sensible por su proximidad al país africano y por los vínculos históricos de sus puertos con la actividad marítima de la zona. El principal interrogante es ahora cuánto tiempo permanecerán los barcos sin autorización para pescar. Algunas estimaciones del sector sitúan una eventual reanudación de las operaciones en la próxima primavera, aunque ese horizonte depende de que las partes consigan cerrar un nuevo protocolo y completar su tramitación.
La circular de la Guardia Costera mauritana convierte en una instrucción expresa lo que hasta ahora era una amenaza derivada del vencimiento del acuerdo. Para Canarias, la primera consecuencia afecta a los siete barcos con base en Las Palmas. Las siguientes dependerán de la duración del bloqueo y de su repercusión sobre las empresas vinculadas a la actividad pesquera. Casi cuarenta años después del inicio de la cooperación entre Mauritania y Europa, el futuro inmediato de una parte de la flota vuelve a decidirse en una mesa de negociación. Esta vez, con los barcos obligados a dejar de pescar.
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