Ninguno de los cabildos y algunos ayuntamientos todavía no han aprobado sus planes territoriales que incorporan las medidas para luchar contra el cambio climático. Un informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) certifica que parte de las administraciones que se comprometieron a planificar acciones contra el cambio climático y el ahorro energético, todavía no lo ha hecho, aunque son minoría. 

El informe de la Audiencia de Cuentas analiza las medidas puestas en marcha por las instituciones firmantes del Pacto de Alcaldes quienes al adherirse al pacto se comprometían a poner en marcha un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible. El documento de la ACC, aprobado en marzo, analiza la situación con fecha del 30 de junio de 2023. 

Análisis

Se analizó a todos los ayuntamientos con más de 50.000 habitantes y a los siete cabildos. Ninguna de las instituciones insulares había aprobado el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (Paces) al que se habían comprometido. Solo 22 de las 37 entidades analizadas habían aprobado el plan, mientras 15 no lo habían hecho. 

La ley de cambio climático obliga a las instituciones a tener este plan, aunque según apunta la Audiencia de Cuentas de momento están en el plazo previsto para su aprobación. Pese a ello la propia audiencia ya recoge que algunas de las entidades que no tienen el Paces sí han implementado alguna medida sectorial en materia de cambio climático. En concreto son 11. 

Sin una planificación

Sin embargo, apunta la ACC que “estas medidas se están aplicando sin una planificación general que permita dirigirlas de manera coordinada hacía el cumplimiento de unos objetivos globales”. En lo que se han centrado básicamente las instituciones locales es en aplicar medidas de movilidad y transporte público, en el alumbrado público y en la eficiencia energética. 

Solo siete ayuntamientos cuentan con el plan de acción climática, sin embargo, la ACC detalla ciertas deficiencias como la falta de medidas enfocadas en alcanzar la neutralidad de emisiones para 2050 o el hecho de que ninguno de los ayuntamientos ha elaborado un informe de seguimiento con los avances del plan, una ausencia que justifican en la falta de recursos económicos y humanos. 

Pese a ello, la ACC recuerda una de las obligaciones de unirse al pacto es elaborar el inventario de seguimiento de emisiones con una periodicidad de, al menos cada 4 años, ante lo que solo cuatro de los siete ayuntamientos están en plazo. 

Ahorro energético

Por otra parte, “el 73%, 27 entidades, no han establecido una normativa propia respecto al ahorro y eficiencia energética, o han adaptado las existentes para implementarlas, mientras que 10 entidades, un 27%, habían aprobado algún tipo de regulación”, apunta el informe al respecto de las medidas energéticas. 

Las que sí impusieron medidas lo hicieron básicamente centradas en beneficios fiscales que afectaron a las ordenanzas municipales del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica e Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Recomendaciones

La audiencia hace una serie de recomendaciones a los consistorios para encarar estos planes climáticos. Por una parte, recomienda llevar a cabo la planificación de las medidas “en un entorno caracterizado por la existencia de diversas estrategias promovidas desde instituciones y organizaciones internacionales, europeas y nacionales, con distintos ámbitos objetivos”. 

Para garantizar el grado de cumplimiento de las medidas, también recomiendan “el establecimiento de adecuados procedimientos con indicadores que evalúen y analicen su grado de ejecución”. También abogan por promover el establecimiento de beneficios fiscales y que las entidades locales creen “una unidad específica en su estructura administrativa, con funciones y responsabilidades en materia de ahorro y eficiencia energética, y con recursos suficientes para centralizar y coordinar las actuaciones derivadas de las políticas de acción del clima y la energía”.