Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha reclamado este lunes al Gobierno de España “valentía” para aprobar un decreto de vivienda que considere suficientemente ambicioso y ha pedido a las fuerzas parlamentarias que abandonen, en palabras de la formación, el “tacticismo” para facilitar posteriormente su convalidación en el Congreso.
El secretario general y portavoz parlamentario de NC-BC, Luis Campos, se ha pronunciado ante la posibilidad de que el Consejo de Ministros aborde este martes el denominado decreto Maricarmen, impulsado tras el desahucio de una mujer de 87 años que llevaba más de siete décadas residiendo en una vivienda de alquiler en Madrid.
El Gobierno estatal trabaja actualmente en un real decreto ley que contempla medidas en ámbitos como la protección frente a determinados desahucios, los contratos de alquiler, los arrendamientos de temporada, los pisos turísticos y distintos incentivos fiscales. El texto continúa en negociación dentro del Ejecutivo y con los grupos parlamentarios.
“Valentía y responsabilidad”
Campos ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez y a las fuerzas que define como “demócratas” en las Cortes Generales “valentía, responsabilidad y dejar a un lado los tacticismos” para intentar sacar adelante la norma.
A juicio del dirigente de NC, la respuesta al problema de la vivienda “no puede ser puntual ni tibia”, sino que debe incluir medidas estructurales.
“Somos conscientes de que el caso de Maricarmen ha sido la gota que ha colmado el vaso”, ha señalado Campos, que sostiene que situaciones de vulnerabilidad residencial semejantes se reproducen también en Canarias.
El desahucio ha reabierto durante los últimos días el debate político sobre vivienda y ha provocado movilizaciones en Madrid, incluida una acampada en la Puerta del Sol.
El decreto sigue negociándose
El Gobierno central pretende llevar el real decreto al Consejo de Ministros de este martes, aunque el contenido definitivo todavía no está cerrado.
El Ministerio de Vivienda plantea un paquete de medidas que incluiría mayor protección frente a desahucios, regulación de alquileres de temporada, cambios sobre viviendas turísticas y medidas fiscales tanto para inquilinos como para propietarios que reduzcan las rentas.
Las negociaciones continúan abiertas. Sumar ha advertido este lunes de que el acuerdo dentro del Ejecutivo sigue “muy lejos”, mientras que el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de alcanzar un pacto.
Además, cualquier real decreto ley deberá ser posteriormente convalidado por el Congreso, donde el Gobierno necesita apoyos adicionales al encontrarse en minoría parlamentaria. Junts, entre otros grupos, ha confirmado que mantiene conversaciones con el Ejecutivo sobre el contenido de la norma.
NC pide cambios más profundos
Nueva Canarias considera que la aprobación del decreto sería una medida necesaria, pero sostiene que no resolvería por sí sola el problema estructural del acceso a la vivienda.
Campos ha planteado además la conveniencia de modificar la Constitución para reforzar jurídicamente el derecho a la vivienda y otorgarle el rango de derecho fundamental.
Actualmente, el derecho a disfrutar de una vivienda digna aparece recogido en el artículo 47 de la Constitución dentro de los principios rectores de la política social y económica, no dentro del catálogo de derechos fundamentales.
Para NC, modificar ese encaje permitiría desarrollar políticas públicas con mayor cobertura constitucional.
Reclamo al Gobierno canario
La formación ha trasladado también sus críticas al Gobierno de Canarias, integrado por Coalición Canaria y Partido Popular.
Campos ha pedido “acción y responsabilidad” al Ejecutivo autonómico y recuerda que la Comunidad Autónoma dispone de competencias en materia de vivienda.
NC-BC prevé defender próximamente en el Parlamento de Canarias una iniciativa legislativa propia con medidas para afrontar la situación habitacional en el Archipiélago.
La posición del partido se produce en un contexto en el que la vivienda se ha convertido en uno de los principales asuntos de debate político tanto en Canarias como en el conjunto del Estado, con negociaciones abiertas sobre el nuevo decreto que el Gobierno espera aprobar este martes.
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