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Consejo de Gobierno de este lunes 19 de octubre. GOBCAN

El nuevo FDCAN destinará la mitad de sus 1.626 millones a infraestructuras y vivienda protegida

El Consejo de Gobierno aprueba el reglamento del Fondo de Desarrollo de Canarias, que reserva el 35% a plazas sociosanitarias y el 15% a I+D+i, y que alcanzará los 2.600 millones con los cabildos

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el decreto que regula el nuevo Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), que destinará el 50% de sus 1.626 millones de euros a mejorar las infraestructuras y los equipamientos públicos, incluida la vivienda sujeta a protección pública. Según el Ejecutivo, el texto garantiza la continuidad del Fondo tras su primer periodo de aplicación (2016-2026), en el que, afirma, se logró un impacto de 1,72 euros por cada euro público invertido.

1.626 millones para diez años

El decreto configura el FDCAN como un instrumento de financiación interadministrativa mediante aportaciones dinerarias de carácter finalista. Dispondrá de un máximo de 1.626 millones de euros para diez años, con una asignación tope de 162,6 millones anuales consignada en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma. A esa cantidad se sumarán los fondos de los cabildos insulares, como ocurrió en el periodo anterior, hasta alcanzar una inversión global de 2.600 millones.

El texto establece tres ejes estratégicos adaptados, según el Gobierno, a los principales retos actuales del archipiélago. Además del 50% para infraestructuras y vivienda protegida, el 35% irá a construir, ampliar, adecuar y poner en funcionamiento plazas sociosanitarias y equipamientos de dependencia y envejecimiento activo. El 15% restante se destinará a innovación, digitalización, transferencia de conocimiento y colaboración entre universidades, centros de investigación y empresas. El empleo, la formación y el emprendimiento se integrarán de forma transversal en los tres ejes.

Islas con distinto porcentaje de cofinanciación

El reglamento mantiene la asimetría en la cofinanciación para compensar la doble insularidad. El FDCAN aportará el 50% en los cabildos de Gran Canaria y Tenerife, el 80% en Lanzarote, La Palma y Fuerteventura, y el 90% en La Gomera y El Hierro.

La continuidad del Fondo estará condicionada al mantenimiento de la suspensión de la compensación al Estado por la supresión del IGTE (Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas), o a su supresión definitiva, así como a la suficiencia financiera de la Comunidad Autónoma para garantizar los servicios públicos.

Menos trámites y más flexibilidad

Cabildos, ayuntamientos y universidades públicas canarias elaborarán un Plan de Actuaciones Canarias (PACAN) con programación trianual, que recogerá la planificación estratégica, financiera y temporal de sus líneas de actuación. El plan será flexible y podrá actualizarse cada año mediante la incorporación, supresión, modificación o reprogramación de actuaciones, siempre dentro de la dotación máxima asignada a cada entidad.

El decreto permite además ciertos ajustes sin autorización adicional cuando no superen los límites fijados, no alteren los objetivos esenciales ni incrementen la financiación. Los cambios de mayor alcance deberán ser autorizados por la Comisión de Actualización y Seguimiento o por el Gobierno de Canarias, según su naturaleza. Para reducir cargas administrativas, se generaliza el uso de la plataforma corporativa UNIFICA en la tramitación de planes, modificaciones, justificaciones y seguimiento financiero.

Evaluación y control del gasto

El nuevo modelo crea tres órganos especializados: la Comisión de Actualización y Seguimiento, el Comité de Admisión y Selección de Programas y Proyectos y la Comisión de Evaluación del FDCAN. Esta última elaborará un informe anual sobre ejecución, cumplimiento de objetivos y resultados. La información de los programas se actualizará cada trimestre y se comunicará a la FECAI y a la FECAM, y las entidades deberán informar de la ejecución material y financiera al inicio del segundo semestre de cada anualidad.

Las entidades destinatarias tendrán que justificar la aplicación de los fondos y facilitar las labores de fiscalización. El decreto regula también el reintegro total o parcial de las cantidades aplicadas indebidamente o no justificadas, con criterios de proporcionalidad.

El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

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