La web de La Moncloa se ha colapsado este miércoles en el preciso instante en el que se han colgado los documentos desclasificados del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, protagonizado por el teniente-coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, que asaltó el Congreso de los Diputados mientras se votaba la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo.
Más de un centenar y medio de documentos clasificados hasta la fecha han sido subidos a la web del Palacio de La Moncloa este miércoles, poniendo luz sobre algunos de los entresijos secretos y reservados en torno a los hechos acaecidos el 23 y el 24 de febrero, principalmente en Madrid y Valencia.
No ha habido grandes sorpresas, aunque sí muchos datos llamativos y curiosos. Destaca una conversación mantenida entre el rey Juan Carlos I y el teniente-general Jaime Milans del Bosch ordenándole retirarse y afirmando que "después de este mensaje" (el que emitió en Radio Televisión Española poniéndose del lado de la democracia) ya no podía echarse para atrás; las declaraciones en Roma del capitán golpista de la Guardia Civil Gil Sánchez Valiente diciendo que no confiaba en el rey para sumarse al golpe; o documentos manuscritos previos al golpe mostrando que en aquel entonces se barajaban hasta cuatro opciones de golpe: la opción de la que eran partidarios los tenientes-generales del Ejército, la de los coroneles, la de los "expontáneos" (sic.) y una mixta que combinase todas.
Amenaza separatista
Canarias también aparece mencionada varias veces entre los 153 documentos. Una de las menciones más llamativas ha sido desclasificada por el Ministerio de Defensa y es un informe semestral del CESID (actual CNI) emitido en marzo de 1981 pero elaborado el 10 de febrero (13 días antes del golpe) "sobre la amenaza interior" que analiza los riesgos, precisamente en el contexto en el que se gestaba el golpe de Estado, de acciones separatistas, revolucionarias, involucionistas y terroristas.
El informe reza literalmente: "En Canarias, el separatismo está representado fundamentalmente por UNIÓN DEL PUEBLO CANARIO que, formando parte de la coalición PUEBLO CANARIO UNIDO, obtuvo 20.844 votos en Tenerife (4,5% sobre el censo electoral) 38.935 (9,2%) en Las Palmas. El grupo armado MPAIAC permanece hoy en una casi absoluta inactividad, siendo mínima su militancia.
> Sin embargo, los intereses externos en relación al objetivo estratégico que constituye el archipiélago pueden originar en un momento determinado un apoyo de potencias extranjeras a los movimientos revolucionarios canarios que provoque un problema separatista de mucho mayor entidad que el actual".

Una región deprimida económicamente
La mención a Canarias en el informe del CESID es puntual, pues el documento tiene una extensión de 22 páginas y traza una radiografía del país en el periodo semestral inmediato del 23-F. El documento sitúa el foco en lo que denomina los “grandes problemas nacionales” y afirma que estos son "la estructuración del Estado, el terrorismo y la economía”.
Sobre la estructuración del Estado, el informe señala el problema en "la articulación del Estado autonómico", una de las cuestiones que más tensiones produjo en España en aquellos años.
Uno de los puntos en los que también el informe señalaba a Canarias como zona candente es en el económico, por los problemas internos que pudiese producir: "El deterioro de la situación económica, con la crisis energética como principal factor, constituye un problema de gravísimas repercusiones sociales. Una tasa media anual de inflación del 15%, un índice de desempleo cercano al 12% de la población activa (…) El problema económico afecta desigualmente a las distintas regiones, siendo las de mayor gravedad Andalucía, Extremadura, Canarias y el País Vasco.”
El documento señala que el deterioro económico en España (y, por deducción lógica, de forma especial en las zonas más afectadas como Canarias) podía conducir irremediablemente hacia la "radicalización política" desde el punto de vista de la amenaza interior.
Desencadenamiento revolucionario
El CESID consideraba entonces que, si bien no parecía factible en aquel momento un "proceso revolucionario clásico", factores como el deterioro económico que azotaba especialmente al Archipiélago y las otras regiones mencionadas podían "conducir al desencadenamiento del mismo".
No obstante, el riesgo de estallido revolucionario en aquella época analizado por el CESID aparecía más bien vinculado a distintas regiones de Andalucía y País Vasco, además de los movimientos que el actual CNI seguía con interés en el Movimiento Comunista (MC) y el ala más radical del Partido Comunista (PCE), que en Canarias, encuadrada más bien en una potencialidad revolucionaria-separatista si fuerzas extranjeras intervenían para caldear el ambiente.
Las otras regiones además de Canarias en las que el CESID analiza el separatismo latente en la sociedad en su informe de 1981 son, por supuesto, Euskadi y Cataluña, pero también Galicia, País Valenciano y Andalucía, aunque señala que "sólo en Vascongadas y Cataluña pudieran organizarse hechos o actitudes separatistas susceptibles de provocar una decisión del Gobierno en relación a algún tipo de intervención de las FAS".