El Parlamento de Canarias ha aprobado una proposición no de ley para pedir al Gobierno de España que recupere la autorización de residencia temporal por razones humanitarias para personas venezolanas afectadas por los terremotos registrados en junio. La iniciativa salió adelante con el apoyo de la mayoría de la Cámara y la abstención de Vox.
La propuesta fue defendida por la diputada del PP Jennifer Curbelo, quien recordó que este tipo de autorización se venía aplicando desde 2018 por la situación sociopolítica de Venezuela, pero dejó de utilizarse el pasado 12 de junio con la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo y la modificación del Reglamento de Extranjería.
Situación excepcional
Curbelo sostuvo que los seísmos registrados el 24 de junio en Caracas y La Guaira constituyen una situación de emergencia excepcional que justificaría volver a activar este permiso de residencia temporal.
La diputada aseguró además que para hacerlo no sería necesario modificar ni derogar ninguna ley, ya que la normativa sobre asilo contempla autorizaciones de residencia por razones humanitarias. Según defendió, bastaría con una decisión del Gobierno de España para restituir este mecanismo.
Canarias y Venezuela
Durante su intervención, Curbelo puso también el foco en los vínculos históricos entre Canarias y Venezuela, marcados por la emigración de miles de canarios al país latinoamericano durante los siglos XIX y XX.
La diputada argumentó que la situación creada por los terremotos, unida a las dificultades políticas y económicas del país, refuerza la necesidad de ofrecer protección a las personas afectadas. Según expuso en el pleno, los seísmos dejaron más de 6.500 fallecidos y miles de edificios afectados.
Abstención de Vox
La iniciativa contó también con el respaldo de PSOE y Nueva Canarias, aunque ambas formaciones advirtieron de posibles deficiencias técnicas y jurídicas en la redacción de la propuesta. Pese a esas reservas, los grupos apoyaron la petición para reclamar al Ejecutivo estatal que estudie la restitución de esta autorización por razones humanitarias.
Vox fue el único grupo que no respaldó la proposición y optó por la abstención. Su diputada Paula Jover defendió que la solidaridad debe tener en cuenta los límites de los recursos públicos disponibles.
Jover sostuvo que España no puede asumir la acogida de todas las personas que atraviesan situaciones graves mientras, a su juicio, no estén cubiertas primero las necesidades básicas de la población española.
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