Cuando Canarias dejó atrás la pandemia y el cero turístico inició una campaña para atraer a nuevos tipos de turistas. Uno de los grupos en los que se enfocaron las campañas de atracción fueron los denominados nómadas digitales, trabajadores en remoto que pudieran instalarse en el Archipiélago y beneficiar al consumo. Pero esa estrategia puede haber tenido un efecto negativo en la vivienda en Canarias, por unos compradores con un mayor nivel adquisitivo que los propios canarios. Ahora el Parlamento de Canarias encarga a Bruselas analizar este efecto en la ley de vivienda que prepara y que relacionan directamente con la crisis de vivienda que sufren las Islas.
La Comisión Europea se encuentra inmersa en la elaboración de un Reglamento sobre Vivienda Asequible, en la que se prevé la prohibición de la compra de vivienda por extranjeros. La Cámara regional ha enviado su dictamen al respecto de la tramitación, pidiendo a Bruselas que tenga en cuenta la presión que el turismo, la residencia temporal y la llegada de teletrabajadores con mayor capacidad adquisitiva ejercen sobre el mercado residencial de las islas.
La Cámara considera que los indicadores comunes deben reflejar estas circunstancias para identificar adecuadamente las dificultades de acceso a una vivienda habitual. Pero durante años se ha fomentado la llegada de teletrabajadores. En 2024, el propio Ejecutivo canario anunció un plan para atraer a nómadas digitales a las Islas con una financiación de 700.000 euros. Ahora tras años de llamamientos y de saber la presión que la compra de viviendas por parte de extranjeros está ejerciendo en Canarias, desde el Parlamento de Canarias recurren a la región ultraperiférica como motivo de singularidad en la norma europea.
Presión sobre un parque residencial limitado
El dictamen señala que la intensidad de la actividad turística y la creciente presencia de personas que teletrabajan desde las islas, algunas con ingresos significativamente superiores a los de la población residente, generan una demanda adicional sobre un parque residencial limitado. Añade además que el alojamiento residencial temporal puede afectar a la disponibilidad de viviendas destinadas a residencia permanente.
La Cámara advierte de que estos efectos no son homogéneos y pueden variar incluso dentro de un mismo municipio, según sus características económicas, territoriales, turísticas y de accesibilidad. El documento no cuantifica el impacto de cada factor, pero pide que la metodología europea permita detectar esa presión diferenciada.
Indicadores adaptados a las islas
Lo que se busca es que los criterios que se establezcan se acoplen a la realidad canaria. El Parlamento considera insuficiente atender únicamente a la evolución agregada de los precios y las rentas. Reclama que los indicadores reflejen también las circunstancias que reducen la disponibilidad efectiva de vivienda habitual en mercados pequeños, fragmentados y sometidos a una elevada presión turística.
La propuesta europea contempla utilizar la relación entre el precio representativo de una vivienda y la renta disponible por persona de la zona como uno de los criterios para evaluar la tensión residencial. El dictamen solicita que cualquier modificación futura de los umbrales o de la metodología se acompañe de una evaluación de sus efectos sobre las regiones ultraperiféricas.
Evitar que los trámites impidan actuar
Otra de las advertencias se refiere a las obligaciones que asumirían las administraciones. Según el documento, la comunidad autónoma, los cabildos y los ayuntamientos tendrían que acreditar con datos la tensión residencial, justificar la necesidad de sus medidas, publicar sus evaluaciones y revisarlas periódicamente.
La Cámara considera importante que estas exigencias no resulten tan complejas que, en la práctica, impidan intervenir. También apunta que, mientras la Comisión facilitaría datos de precios a escala insular, correspondería a las administraciones calcular los relativos a ámbitos territoriales inferiores.
Dos modificaciones a la propuesta
Aunque el Parlamento considera que la iniciativa cumple formalmente los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, concluye que no atiende suficientemente las particularidades de las regiones ultraperiféricas.
Por ello, solicita modificar el artículo 14 para evitar incertidumbres sobre las modificaciones, prórrogas y actuaciones de desarrollo de medidas anteriores a la entrada en vigor del reglamento. También propone que el artículo 16 incorpore expresamente un análisis específico de su aplicación en las regiones ultraperiféricas dentro de la futura evaluación de la norma.
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