El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha apelado a la unidad de las fuerzas políticas del Archipiélago para sacar adelante el denominado Decreto Canarias, tras recibir el respaldo general —aunque con matices y críticas concretas— del Consejo Asesor autonómico, integrado por representantes sindicales y empresariales.
En la rueda de prensa posterior a la reunión, celebrada tras analizar en profundidad el contenido de la propuesta normativa, tanto patronal como sindicatos coincidieron en valorar el decreto como una oportunidad para compensar la pérdida de recursos que sufre el Archipiélago como consecuencia de las prórrogas presupuestarias estatales. No obstante, las organizaciones sindicales advirtieron de discrepancias en varios puntos del articulado.
CCOO
El secretario de Política Institucional de Comisiones Obreras, José Ramón Barroso, cuestionó la coherencia de medidas como la bonificación del 60 % del IRPF en las islas verdes. Según expuso, “la mayoría de los trabajadores canarios” no alcanzan los 22.000 euros brutos anuales que ya están exentos, por lo que consideró que esa medida no tendría un impacto real en buena parte de la población.
Barroso sostuvo que, en caso de mantenerse esa propuesta, sería preferible articular un sistema progresivo que ayude de manera más efectiva a las familias. Además, lamentó que el texto no incluya referencias a las energías renovables y reclamó que se incorporen cuestiones relacionadas con la acreditación de competencias profesionales que actualmente sufren falta de financiación europea.
El representante sindical también mostró reservas respecto al artículo 13 del decreto, relativo a las compensaciones a empresas y la bonificación del 50 % de las contingencias comunes. A su juicio, esta medida debe analizarse “de manera más amplia”.
UGT
Por su parte, el secretario general de UGT, Manuel Navarro, aseguró que su organización valora “cualquier documento que venga a mejorar la vida de los canarios”, aunque señaló que su apuesta principal sigue siendo el cumplimiento de la denominada agenda canaria.
Navarro instó a la clase política del Archipiélago a alcanzar un acuerdo que permita aprobar el decreto en el Congreso de los Diputados y advirtió de que algunos aspectos del texto, especialmente determinadas cifras, deben “pulirse más”. “Se puede pisar con el articulado”, afirmó, en referencia a la necesidad de revisar el contenido técnico de la propuesta.
Respaldo empresarial
Desde el ámbito empresarial, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, defendió que el documento responde a la necesidad de garantizar recursos y derechos que se están viendo mermados por las prórrogas presupuestarias del Estado.
Ortega consideró positivo que se trabaje tanto en esa dirección como en la cohesión territorial, con el objetivo de mejorar los servicios esenciales y la calidad de vida en Canarias. Asimismo, animó a las distintas administraciones públicas a realizar aportaciones que permitan convertir la propuesta en un texto de consenso.
Futuro de Canarias
En la misma línea, el presidente de CEOE Tenerife, Pedro Alfonso, auguró que el decreto “puede diseñar el futuro de Canarias” y cerrar un ciclo. Subrayó que el empresariado es “ambicioso” con esta iniciativa y quiere ir más allá, consolidando aspectos como la financiación autonómica y los fondos europeos.
Alfonso llamó también a abordar problemas estructurales como la baja competitividad y los bajos salarios, y señaló que el decreto puede convertirse en una oportunidad para reforzar la fiscalidad propia de Canarias y mejorar la gestión de recursos.
Altura política
Tras escuchar a patronal y sindicatos, Fernando Clavijo aseguró que recoge el guante lanzado por los agentes sociales y económicos y defendió que la clase política “tendrá que estar a la altura”. A su juicio, el decreto representa “una ventana de esas que se abren a lo largo de la historia” y un error o la priorización de intereses partidistas podría tener consecuencias negativas para la ciudadanía.
El presidente autonómico apeló a todas las fuerzas políticas canarias para que actúen de forma integrada en la negociación con el Estado, con el objetivo de situar al archipiélago en un plano de igualdad respecto al territorio peninsular frente a las desventajas derivadas de su condición fragmentada y ultraperiférica.
Clavijo afirmó que solo así se podrán revertir indicadores en los que Canarias se encuentra por debajo de la media europea o en posiciones de cola, como el PIB per cápita o los niveles de exclusión social. Asimismo, recalcó que el objetivo es sentarse con el Gobierno de España dejando claro que la propuesta “no es un capricho, una ocurrencia ni un instrumento en contra de nadie”, sino una herramienta para mejorar la posición del archipiélago.
Consenso frente a la confrontación
El vicepresidente autonómico y consejero de Economía, Manuel Domínguez, destacó como elemento positivo la actitud y el ánimo constructivo mostrados por las distintas partes en torno al decreto.
Domínguez insistió en la necesidad de “recoger el guante” y practicar el consenso, frente a la confrontación política que, según señaló, es habitual en otros territorios del país. En este sentido, volvió a llamar a todas las formaciones políticas a trabajar para que el Decreto Canarias sea transformador y contribuya a proteger los intereses de la ciudadanía del archipiélago.