El Partido Popular ha llevado al Congreso de los Diputados las condiciones de trabajo de la gente del mar con sendas preguntas registradas el pasado 26 de agosto. Las consultas se producen una semana después de haber sido publicados en el medio OKDIARIO contratos atribuidos a buques de Baleària con jornadas ordinarias de 44 horas semanales y una bolsa de 104 horas extraordinarias al mes, y tras meses de miedos en el sector de que se produzca un cambio de bandera en los barcos adquiridos a Naviera Armas a un pabellón extranjero (como el chipriota) para, supuestamente, abaratar costes laborales.
Según ha podido saber Atlántico Hoy, el PP ha registrado dos baterías de preguntas dirigidas al Gobierno. El partido registró ambos escritos 26 de agosto para obtener respuesta sobre las jornadas, los descansos y las condiciones laborales de las tripulaciones que operan en servicios de cabotaje insular en España.
Aunque la información publicada por OKDIARIO sobre dichos contratos ha contribuido a poner el asunto sobre la mesa, fuentes del PP consultadas señalan que las preguntas registradas no se dirigen a analizar la situación de ninguna naviera en concreto, sino que plantean una revisión general de las condiciones laborales de la gente de mar que presta servicio en el cabotaje insular español.
La iniciativa se produce también después de que distintos medios hayan publicado durante los últimos meses informaciones sobre los modelos de contratación de tripulantes en buques de pabellón comunitario. Fuentes del PP señalan que su grupo parlamentario en el Congreso considera que estas informaciones justifican analizar con carácter general si el actual marco normativo y los mecanismos de inspección garantizan unas condiciones laborales adecuadas en el citado sector.
La nómina publicada por 'OKDIARIO'
OKDIARIO aseguró el 18 de agosto haber tenido acceso a varios contratos utilizados para personal de hostelería de un buque cuyo armador sería Baleària Eurolíneas Marítimas.
Según publicó el medio, uno de esos contratos correspondía a un auxiliar de hostelería destinado en un barco con bandera de Chipre. El empleador formal que figuraría en el documento sería Pacific Crewing Management, una compañía domiciliada en Panamá, mientras que Baleària Eurolíneas Marítimas aparecería identificada como armador del buque.
OKDIARIO afirmó que el contrato establecía una jornada básica de 44 horas semanales y una bolsa garantizada de 104 horas extraordinarias mensuales. De acuerdo con la información del periódico, esas horas se remuneraban con 468 euros, a razón de 4,50 euros por cada hora extraordinaria.
El medio situó el salario base mensual en 687 euros. Según su publicación, la remuneración bruta total ascendía a 1.450 euros mensuales e incluía el salario base, las horas extraordinarias, 160 euros correspondientes a vacaciones, 100 euros para beneficios sociales y cotizaciones y un bonus de 35 euros.
OKDIARIO señaló que el contrato tenía una duración inicial de tres meses, con la posibilidad de ampliar o reducir ese periodo en un mes por necesidades operativas. El periódico añadió que los 160 euros correspondientes a vacaciones estaban incluidos en los 1.450 euros mensuales.
Según el medio, el acuerdo atribuía al trabajador el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de Seguridad Social o equivalentes en la jurisdicción correspondiente. La publicación también indicó que el contrato reservaba 100 euros mensuales para una contribución social o fondo de pensiones.
La posición de Baleària
Consultada por Atlántico Hoy acerca de la noticia publicada por OKDIARIO y las preguntas realizadas por el PP, Baleària expresa el siguiente texto reproducido de forma íntegra:
"La naviera Baleària cumple de forma estricta con todas las normativas laborales —nacionales, europeas e internacionales— de aplicación a su flota. Sin embargo, su compromiso con las tripulaciones va más allá del mero cumplimiento legal, destacando por una decidida apuesta por las personas y por mantener un diálogo constante con los comités de empresa y los trabajadores.
Desde su fundación, la estabilidad de las plantillas, el buen clima laboral y la ausencia de conflictos sociales han sido denominadores comunes. Todo ello se traduce en un alto nivel de compromiso y orgullo de pertenencia, un factor que marca la diferencia frente a sus competidores y que ha permitido a la naviera alzarse con el liderazgo absoluto a nivel nacional.
Esta apuesta por unas prácticas de gestión responsables ha sido reconocida de diversas formas:
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Certificación Top Employer: Otorgada a partir de la evaluación de las políticas y prácticas de gestión de personas de la compañía.
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Protección durante la pandemia: Baleària fue la única naviera de España que garantizó el 100 % de los salarios durante la aplicación del ERTE en la crisis de la COVID-19.
Esta es la realidad de los profesionales que conforman la flota de Baleària. Un compromiso firme que se mantiene inalterable, independientemente de las banderas europeas que ostenten sus buques, de la diversidad de sus plantillas (compuestas por un 75 % de españoles, un 20 % de internacionales extracomunitarios y un 5 % de internacionales europeos) y frente a cualquier campaña de desprestigio que, de forma interesada, haya podido circular".
El primer escrito
El primer escrito parte de la regulación específica del trabajo marítimo y de la incidencia que pueden tener las jornadas prolongadas y la falta de descanso sobre las condiciones laborales y la seguridad de la navegación.
La primera pregunta de la batería trasladada al Gobierno dice : “¿Qué valoración realiza el Gobierno sobre la existencia en el transporte marítimo de modelos de contratación que contemplan jornadas ordinarias superiores a 40 horas semanales y un elevado número de horas extraordinarias mensuales?”
El PP también solicita que el Ejecutivo determine qué límites se aplican en el cabotaje insular: “¿Qué límites máximos de jornada y de horas extraordinarias resultan actualmente exigibles a la gente de mar que presta servicios en el cabotaje insular español y cómo se garantiza el cumplimiento de los períodos mínimos de descanso establecidos por la normativa nacional e internacional?”
Otra de las preguntas se centra en la correspondencia entre los registros documentales y las horas realizadas a bordo: “¿Qué mecanismos utiliza la Administración marítima para comprobar que las horas de trabajo y descanso registradas documentalmente se corresponden con las efectivamente realizadas por los tripulantes a bordo?”
El Gobierno deberá informar también sobre la actividad inspectora desarrollada durante los últimos cinco años: “¿Cuántas actuaciones de inspección y control ha realizado la Dirección General de la Marina Mercante durante los últimos cinco años para verificar el cumplimiento de la normativa sobre jornada de trabajo, horas extraordinarias y períodos de descanso de las tripulaciones en los servicios de cabotaje insular? ¿Cuántos incumplimientos se han detectado y cuántos expedientes sancionadores se han incoado como consecuencia de los mismos?”
La última pregunta de la batería recogida en este primer escrito plantea un posible refuerzo de los controles: “¿Considera el Gobierno necesario reforzar la normativa o los mecanismos de inspección y control para evitar que la utilización habitual de un elevado número de horas extraordinarias pueda comprometer los períodos de descanso de las tripulaciones y, en consecuencia, afectar a la seguridad marítima?”
Una segunda batería de preguntas
El PP registró un segundo escrito el mismo día. En este caso, las preguntas se centran en el cumplimiento de la Orden de 22 de julio de 1999 sobre las condiciones de tripulación de los buques que realizan servicios de cabotaje insular.
La primera pregunta de ese documento solicita conocer las medidas adoptadas para aplicar la norma: “¿Qué actuaciones desarrolla el Gobierno para garantizar el cumplimiento efectivo de la Orden de 22 de julio de 1999 por la que se establecen las condiciones de tripulación para los buques que realizan servicios de cabotaje insular?”
El PP pide también las directrices trasladadas a las autoridades marítimas: “¿Qué instrucciones, protocolos, circulares o criterios de actuación ha remitido la Dirección General de la Marina Mercante a las Capitanías Marítimas para la comprobación de las condiciones previstas en dicha Orden ministerial?”
El escrito reclama las inspecciones realizadas entre 2020 y 2025 e incluye una petición para que se identifique a las empresas controladas: “¿Cuántas inspecciones, controles documentales o actuaciones de verificación se han realizado durante los años 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 para comprobar el cumplimiento de la citada Orden? Se solicita desglose por año, Capitanía Marítima y empresa naviera inspeccionada.”
Además, solicita el número de infracciones detectadas en cada materia: “¿Cuántos incumplimientos se han detectado respecto de:
a. La composición de la tripulación y requisitos de nacionalidad.
b. Los tiempos de trabajo, descanso y vacaciones.
c. La tripulación mínima de seguridad.
d. La cobertura de Seguridad Social de los tripulantes.
e. La retribución mínima legalmente exigible?
Se solicita igualmente el número de expedientes sancionadores incoados y sanciones impuestas por cada uno de estos conceptos.”
El PP pregunta también por las medidas adoptadas en otros países europeos: “¿Ha analizado el Gobierno las recientes iniciativas adoptadas en Francia, Reino Unido, Noruega y Países Bajos dirigidas a reforzar las condiciones laborales y salariales de la gente de mar? En caso afirmativo, ¿qué conclusiones ha extraído y qué medidas prevé impulsar en España?”
El escrito termina solicitando información sobre los controles previstos para los dos próximos años: “¿Dispone la Dirección General de la Marina Mercante de un programa específico de inspección para los años 2026 y 2027 destinado a verificar el cumplimiento de las condiciones laborales, sociales y retributivas de las tripulaciones que prestan servicio en tráficos de cabotaje insular? En caso afirmativo, ¿cuáles son sus objetivos, alcance y número previsto de inspecciones?”
La bandera de Chipre en Baleària y cómo afecta a Canarias
La bandera chipriota ya había generado preocupación entre los trabajadores de Baleària Canarias tras la adquisición de los activos de Naviera Armas. Atlántico Hoy adelantó en junio de que el comité de empresa había recibido inquietudes relacionadas con un posible cambio de bandera, convenio y condiciones laborales en los antiguos buques de Armas.
El presidente del comité explicó entonces que Baleària Canarias no le había comunicado ningún plan para cambiar la bandera de esos barcos, deslocalizar la actividad o recortar puestos de trabajo. La empresa le había trasladado su compromiso de mantener la bandera española y el empleo en Canarias.
El representante de los trabajadores afirmó que “cualquier modificación tiene que negociarse con este comité y no vamos a firmar ningún recorte”. El convenio colectivo heredado de Naviera Armas finaliza en diciembre de 2026 y contempla una prórroga automática de 15 meses para negociar uno nuevo.
Nueve de los 13 buques con los que Baleària opera en Canarias mantienen bandera española por proceder de Naviera Armas. Los otros cuatro navegaban con pabellón extranjero. Entre ellos se encuentra el Mercedes Pinto, con bandera chipriota.
Baleària manifestó en junio a este periódico que “no existe una ventaja económica en el uso de banderas europeas”. La compañía atribuyó la elección de estos registros a la “agilidad administrativa en un contexto de escasez estructural de tripulantes en Europa”.
La Orden de 22 de julio de 1999
Chipre forma parte de la Unión Europea. La elección de su registro puede agilizar trámites relacionados con la matriculación de buques, la incorporación de tripulantes, la expedición de certificados y la gestión de flotas que operan en varios países.
La aplicación de las condiciones españolas depende de la actividad desarrollada por cada barco. La Orden de 22 de julio de 1999 afecta a buques con bandera de otro Estado de la Unión Europea que realizan determinados servicios de cabotaje insular en España.
La norma exige que la jornada, los periodos de trabajo y las vacaciones sean, al menos, los mismos que los aplicables a los buques españoles que prestan el mismo servicio. También regula la nacionalidad de parte de la tripulación, la tripulación mínima de seguridad, la cobertura de Seguridad Social y la retribución mínima legalmente vigente en España.
La empresa naviera debe poder acreditar el cumplimiento de estas condiciones cuando la Dirección General de la Marina Mercante se lo requiera. En rutas internacionales, la normativa del Estado de pabellón tiene un peso mayor sobre las condiciones de la tripulación.
Compromisos con la CNMC
La autorización de la CNMC para que Baleària adquiriera los activos de Armas en Canarias quedó sujeta a varios compromisos. Entre ellos figuran el mantenimiento de toda la plantilla procedente de Armas y de la bandera española de los buques adquiridos durante un periodo general de tres años.
Esos compromisos afectan a la flota adquirida a Naviera Armas. Baleària opera también en Canarias con otros buques que navegan bajo pabellón extranjero.
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