El Programa de Empleo Social 2022-23 del Gobierno de Canarias, destinado a la empleabilidad de colectivos vulnerables y dotado con 30 millones de euros, llegará a 2.800 desempleados, que accederán a un empleo de una duración máxima de un año basado en la realización de obras o servicios de interés general y social, a partir de los proyectos presentados por los ayuntamientos.
El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) suscribieron este jueves el acuerdo que permitirá iniciar la tramitación del Programa de Empleo Social 2022-2023, que tiene por objeto facilitar la empleabilidad de las personas con menos recursos, en exclusión social y paradas de larga duración.
El acuerdo fue rubricado por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres; la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, y la presidente de la Fecam y alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito.
Adelantando plazos
Torres ha considerado esta firma muy importante, “sobre todo para familias en una situación muy difícil” y ha subrayado la relevancia de que, en esta ocasión, se hayan adelantado los plazos del programa.
En su opinión, se trata de un plan de empleo “fundamental" en el que más del 50% de los contratados han de ser mujeres y que se prima a los que cobran la PCI o tienen discapacidad.
Este plan se financia, en parte, con el Plan Integral de Empleo de Canarias, “que hubo años en que se retiró, pero luego hemos repuesto sus 42 millones de euros, cifra que queremos ampliar”, ha agregado.
Políticas activas imprescindibles
La presidenta de la Fecam y alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito, ha destacado que el plan llegará a 2.800 personas, en su mayoría parados de larga duración o de difícil encaje en el mercado laboral.
“No se puede alcanzar la inserción social sin inserción laboral, son dos políticas activas imprescindibles y estas requieren de la cogobernanza entre el Gobierno de Canarias, por ser el competente en materia de empleo, y los ayuntamientos, que gestionan los servicios sociales”, ha manifestado.
Las contrataciones con cargo a este programa se dirigirán preferentemente a personas con familias que no superen el 80 por ciento del Iprem (indicador público de renta de efectos múltiples) por persona, paradas de larga duración o consideradas en riesgo de exclusión social por los servicios sociales de cada municipio.
También se priorizará la contratación de personas con discapacidad y, siempre que sea posible, más del 50 por ciento de las personas contratadas serán mujeres, dado el desequilibrio que sigue existiendo hoy en día en el mercado laboral.