El proyecto de crear una nueva universidad privada en Canarias, la UDDI Universidad Digital, está en serio riesgo tras la aprobación este martes del Real Decreto que refuerza los criterios de calidad para crear universidades en España.
La medida, anunciada por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, afecta de forma directa a todos los expedientes que aún no han recibido el informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), entre esta iniciativa, que está en fase avanzada de tramitación.
El proyecto
Este proyecto, impulsado por el grupo Europa Education, el mismo que gestiona la Universidad Europea de Canarias, fue registrado el pasado año bajo la sociedad Iniciativa Educativa de Canarias UDDI S.L., con un capital inicial de cinco millones de euros.
Su planteamiento es el de un centro 100 % digital, orientado a la formación online y con sede en Tenerife, que ampliaría la oferta universitaria privada del archipiélago. El Gobierno de Canarias había iniciado los trámites para su autorización y el expediente se encontraba pendiente del informe estatal que determina su viabilidad académica.
El nuevo decreto
Con el decreto aprobado hoy, ese trámite queda en el aire hasta que la universidad obtenga un informe favorable y vinculante de calidad emitido por la Aneca o la agencia autonómica correspondiente. A partir de ahora, sin ese dictamen positivo, ninguna comunidad autónoma podrá autorizar nuevas universidades.
Además, el texto establece requisitos mucho más estrictos que comprometen la continuidad de varios proyectos: cada nuevo centro deberá acreditar una masa mínima de 4.500 estudiantes, garantizar solvencia económica equivalente al presupuesto del tercer año de actividad, ofrecer alojamiento al 10 % de los alumnos de grado y demostrar actividad investigadora propia financiada con fondos competitivos. En el caso de universidades digitales como UDDI, la norma añade un paso adicional: su autorización requerirá el aval del Parlamento.
Otro caso en Canarias
La decisión del Gobierno llega después de años de expansión de universidades privadas en distintas comunidades autónomas, muchas de ellas creadas pese a los informes negativos del Ministerio. Entre 2020 y 2024, según datos publicados por Europa Press, varias comunidades aprobaron centros con dictámenes desfavorables, incluida Canarias, donde se autorizó la TECH Universidad Tecnológica, con sede en Santa Cruz de Tenerife, pese a que la CGPU había emitido un informe contrario a su apertura.
Esa experiencia marcó un precedente. TECH fue validada por el Parlamento canario en 2022, en medio de las críticas del Ministerio por falta de garantías de calidad y estructura investigadora. El caso se convirtió en uno de los ejemplos que el actual Gobierno ha usado para justificar el cambio legal.