El conflicto de los residentes en zonas turísticas de Canarias vuelve al centro del debate político. El PSOE acusa al Gobierno de Fernando Clavijo de incumplir sus compromisos con los propietarios que viven en complejos turísticos y advierte de que la nueva regulación que prepara el Ejecutivo autonómico podría reforzar el poder de los explotadores turísticos sobre estas viviendas.
El diputado socialista Gustavo Santana ha defendido este miércoles en el Parlamento de Canarias la toma en consideración de una Proposición de Ley de su partido para modificar la normativa turística y de vivienda vacacional. La iniciativa, rechazada por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), pretende acabar con la inseguridad jurídica que, según el PSOE, afecta a más de 17.000 residentes en el Archipiélago.
Durante su intervención en el Pleno, Santana ha calificado de "decretazo latifundista" el decreto ley que prepara la Consejería de Turismo y ha acusado al Ejecutivo de impulsar una reforma sin consenso y sin informar suficientemente a los grupos de la oposición.
Una ley para proteger a los propietarios
La propuesta socialista plantea modificar la Ley de Modernización y Renovación Turística de Canarias y la Ley de Vivienda Vacacional para aclarar la situación de los propietarios que residen en viviendas ubicadas en zonas turísticas.
Entre las medidas planteadas figura la incorporación de las definiciones de establecimiento turístico y unidad alojativa, así como una aclaración de la disposición transitoria séptima de la Ley de Modernización Turística. El PSOE sostiene que estos cambios permitirían resolver un vacío legal que perjudica a los propietarios y avanzar hacia el fin de las sanciones que sufren.
Santana ha asegurado que el problema se arrastra durante toda la legislatura y ha recordado que una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), respaldada por más de 22.000 firmas, fue rechazada hace más de tres años con el argumento de que el Gobierno de Canarias aprobaría una nueva ley turística.
El diputado considera que esa normativa no llegará en los términos anunciados y que la iniciativa socialista ofrece una oportunidad para abrir el debate parlamentario y buscar una solución para las familias afectadas.
El PSOE cuestiona el decreto turístico
Uno de los principales reproches de Santana se dirige al decreto ley que prepara la Consejería de Turismo. El socialista ha advertido de que la reforma podría modificar la regulación de la unidad de explotación turística y aumentar la capacidad de los explotadores para condicionar el uso de viviendas cuyos propietarios residen en ellas.
En este contexto, ha cuestionado que el Gobierno quiera avanzar con la modificación sin esperar al pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la legalidad de que un explotador turístico administre viviendas habitadas por sus propietarios.
Santana ha reclamado al Ejecutivo que explique por qué mantiene la urgencia de la reforma antes de conocer la decisión judicial y ha denunciado que la oposición no dispone de información suficiente sobre el contenido de la norma.
El diputado también ha rechazado que las ordenanzas municipales puedan resolver por sí solas un conflicto que afecta a distintos puntos del Archipiélago, entre ellos San Bartolomé de Tirajana, Valle Gran Rey, Arona, Puerto de la Cruz y Teguise.
Clavijo firmó un acuerdo en 2023
El PSOE ha dirigido también sus críticas al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y al consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, a quienes reclama que cumplan el compromiso adquirido con la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) durante las elecciones municipales y autonómicas de 2023.
Santana ha recordado que ambos, junto a Alejandro Marichal, firmaron un acuerdo con la plataforma para abordar la situación de los residentes en zonas turísticas. El diputado ha acusado a Coalición Canaria de incumplir ese compromiso y ha exigido a sus responsables que cumplan su palabra.
Asimismo, ha cuestionado que el consejero de Vivienda alegue falta de competencias para informar sobre la iniciativa socialista, pese a la repercusión del problema entre los afectados.
Una propuesta para abrir el debate
Santana ha insistido en que admitir a trámite la Proposición de Ley no supondría aprobarla definitivamente, sino permitir que comience su recorrido parlamentario y que los grupos puedan introducir modificaciones y negociar una solución consensuada.
Por ello, ha apelado a la responsabilidad de CC y PP para que reconsideren su posición y permitan debatir una reforma que, según el PSOE, busca proteger a los propietarios frente a la inseguridad jurídica y las sanciones.
La formación socialista sostiene que abrir ese debate es la vía para avanzar hacia una respuesta común a un conflicto que afecta a miles de residentes en Canarias.
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