La reforma de la Ley del Suelo de Canarias ha vuelto a enfrentar al Gobierno autonómico y a la oposición en el Parlamento regional. La diputada socialista Nayra Alemán ha acusado a Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) de poner el territorio del Archipiélago al servicio de intereses especulativos y ha reclamado la devolución del proyecto de actualización de la normativa.
Alemán defendió en el pleno la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que considera que la propuesta del Ejecutivo supone un retroceso ambiental, democrático y social. "A Canarias hay que defenderla, pero de ustedes", afirmó durante su intervención.
La diputada sostuvo que el debate no se limita a una modificación técnica para agilizar procedimientos administrativos, sino que enfrenta dos modelos distintos de ordenación territorial. Frente a la propuesta del Gobierno, que calificó de "desreguladora e insostenible, además de reincidente", defendió una alternativa basada en la sostenibilidad, la protección de la biodiversidad y el respeto a la autonomía municipal e insular.
El Consejo Consultivo cuestiona tres artículos
Uno de los principales argumentos de los socialistas contra la reforma es la existencia de posibles problemas de constitucionalidad señalados por el Consejo Consultivo de Canarias. Este órgano ha cuestionado la adecuación a la legislación básica estatal de los artículos 123, 154.4 y 172 del proyecto.
Según explicó Alemán, el artículo 123 elimina los requisitos estratégicos y de necesidad sobrevenida o urgente para los Proyectos de Interés Insular o Autonómico. A su juicio, esto permitiría convertir una figura excepcional en una vía ordinaria para impulsar actuaciones públicas o privadas al margen de la planificación insular y municipal.
También criticó el artículo 154.4, que permitiría modificar la clasificación del suelo atendiendo a situaciones de hecho sin una justificación suficiente de interés general, y el artículo 172, que contempla exenciones de obligaciones urbanísticas relacionadas con las plusvalías.
"Aprobar una ley con preceptos inconstitucionales no agiliza nada; condena a Canarias a la inseguridad jurídica y a la paralización judicial de licencias", advirtió.
Críticas por las competencias de cabildos y ayuntamientos
La diputada socialista también denunció lo que considera un ataque a la autonomía de las administraciones locales e insulares. En este sentido, recordó las objeciones trasladadas por los cabildos de Gran Canaria y Fuerteventura durante la tramitación del proyecto.
Asimismo, señaló la oposición de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) a los Proyectos de Renovación Especial de Suelos Industriales, al entender que reducen la capacidad de decisión urbanística de los ayuntamientos.
A estas críticas sumó las relativas a la tramitación urgente de la norma, que ha reducido los plazos de participación, y a la ausencia de informes de organismos como la Agencia Tributaria Canaria, el Consejo de Espacios Naturales Protegidos y la Red Canaria de Reservas de la Biosfera.
El suelo rústico y la vivienda pública
En materia ambiental, Alemán alertó de que la reforma debilita la protección del suelo rústico, facilita la introducción de usos comerciales e industriales en terrenos protegidos y abre la puerta al silencio administrativo positivo en determinadas obras provisionales.
La socialista señaló que esta orientación contradice el principio de no regresión ambiental y ha generado preocupación entre colectivos ecologistas como Ben Magec, Turcón y Attahay.
La vivienda es otro de los aspectos centrales de la crítica del PSOE. Alemán reprochó al Gobierno autonómico que desaproveche la actualización de la ley para afrontar la emergencia habitacional y mantenga unas cesiones insuficientes de plusvalías urbanísticas.
También cuestionó que se permita sustituir la entrega de suelo para vivienda protegida por compensaciones económicas o parcelas sin vinculación territorial.
"La plusvalía la genera la comunidad y debe retornar a la ciudadanía en forma de suelo público para construir vivienda protegida", defendió.
La diputada justificó la enmienda a la totalidad en cinco exigencias: seguridad jurídica, autonomía institucional, protección ambiental, derecho a una vivienda asequible y consenso social y territorial. "No es un acto de obstrucción política, sino de responsabilidad institucional y de amor por Canarias", concluyó.
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