La investigación parlamentaria sobre la contratación de material sanitario durante la pandemia no terminó con la aprobación de su dictamen. El Boletín Oficial del Parlamento de Canarias publica ahora el voto particular presentado por PSOE, Nueva Canarias-Bloque Canarista y Agrupación Socialista Gomera, un documento en el que los tres grupos rechazan de forma frontal las conclusiones respaldadas por Coalición Canaria, Partido Popular y Vox y sostienen que la comisión acabó construyendo un relato político previamente decidido sobre la gestión del anterior Gobierno autonómico.  

Dictamen alternativo

El texto, que fue rechazado por el Pleno antes de aprobarse el dictamen definitivo, no se limita a expresar una discrepancia política. Sus autores elaboran un dictamen alternativo y cuestionan tanto el método de trabajo como las conclusiones alcanzadas por la mayoría parlamentaria. A su juicio, la comisión dejó de lado el objetivo de esclarecer los hechos para centrar sus esfuerzos en atribuir responsabilidades políticas al Ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres.  

Una de las críticas más contundentes sostiene que el informe aprobado adelanta conclusiones antes incluso de exponer los hechos. Según el voto particular, el documento mezcla información objetiva con opiniones y juicios de valor, una forma de proceder que, en opinión de los tres grupos, impide diferenciar entre lo acreditado documentalmente y las interpretaciones políticas realizadas por los redactores del dictamen.  

Las pruebas

Los firmantes sostienen además que la mayoría parlamentaria seleccionó de manera interesada los informes y testimonios utilizados durante la investigación. Afirman que se concede mayor credibilidad a determinadas comparecencias mientras se relativizan o ignoran otras pruebas que ofrecerían una explicación distinta de los hechos analizados. Ese criterio, añaden, provoca contradicciones internas y conduce a una lectura parcial de los expedientes administrativos examinados por la comisión.  

El voto particular también intenta desmontar una parte importante del relato político construido alrededor de los contratos investigados. Como ejemplo, recuerda que varias de las decisiones organizativas que el dictamen atribuye al Gobierno de Torres —como la concentración de la contratación de emergencia en la Dirección General de Recursos Económicos o el protagonismo posterior de Conrado Domínguez— procedían de etapas anteriores, bajo gobiernos presididos por Fernando Clavijo, por lo que consideran incoherente utilizarlas ahora como argumento exclusivo para exigir responsabilidades al Ejecutivo socialista.  

Endurecer controles

Respecto a los expedientes de RR7 United, Soluciones de Gestión y Eurofins Megalab, los tres grupos optan por no responder punto por punto dentro del propio voto particular y remiten a un dictamen alternativo incorporado como anexo, en el que ofrecen una interpretación diferente de la documentación y de las comparecencias celebradas durante más de dos años de investigación parlamentaria.  

Más allá de la controversia política, el documento incorpora varias propuestas de reforma legislativa. Entre ellas plantea endurecer los controles sobre la contratación de emergencia, reforzar la verificación de la solvencia de las empresas que contraten con las administraciones en situaciones excepcionales y modificar la normativa estatal para facilitar que las comisiones parlamentarias puedan acceder, con las debidas garantías, a información tributaria cuando resulte necesaria para investigar posibles irregularidades.  

La publicación íntegra de este voto particular deja ahora incorporadas al expediente parlamentario dos versiones enfrentadas sobre la gestión de la pandemia. Por un lado, el dictamen aprobado por la mayoría de la Cámara atribuye la principal responsabilidad política al Gobierno de Ángel Víctor Torres en la contratación de emergencia del Servicio Canario de la Salud. Por otro, el documento firmado por PSOE, Nueva Canarias y ASG sostiene que esa conclusión responde a un planteamiento preconcebido y que la investigación terminó convirtiéndose en una valoración política más que en un ejercicio de esclarecimiento de los hechos.