El Grupo Parlamentario Socialista registró este martes en el Parlamento de Canarias una Proposición de Ley para modificar la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias y la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. El objetivo, según el grupo, fue resolver el conflicto que afecta a más de 70.000 residentes en zonas turísticas del archipiélago y poner fin a los procedimientos sancionadores contra propietarios que residen legalmente en sus viviendas.

La iniciativa fue presentada por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, y el portavoz de Empleo, Gustavo Santana. Ambos acusaron al Gobierno de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) de haber agravado un problema que, según dijeron, "ya no admite más vueltas" mediante una interpretación rígida del principio de unidad de explotación y la aprobación del Decreto-ley 2/2025, norma que la propuesta socialista plantea derogar de forma expresa.

Franquis afirmó que la reforma "va al corazón de un problema que el Gobierno ha querido ocultar durante demasiado tiempo", al considerar que la aplicación de la legislación turística generó inseguridad jurídica y castigó a pequeños propietarios.

La Plataforma de Afectados por la Ley Turística manifestó su respaldo a la Proposición de Ley socialista, al considerar que aportaría la seguridad jurídica que, a su juicio, merecen los propietarios afectados. La plataforma sostuvo que las familias adquirieron sus viviendas libres de cargas, en un momento en que no existía una especialización del suelo que impidiera el uso residencial.

La ley reconoce usos residenciales ya existentes

La iniciativa socialista reconoce como compatibles los usos residenciales ya existentes en parcelas calificadas como turísticas o mixtas, siempre que el planeamiento urbanístico lo permita, otorgándoles una situación legal de consolidación. La propuesta también redefine conceptos como establecimiento turístico de alojamiento y unidad alojativa, con el fin de adaptar la normativa a la realidad de los complejos extrahoteleros.

Los socialistas sostuvieron que la modificación contribuiría a paliar el déficit de vivienda en Canarias, al evitar la desaparición de viviendas usadas como residencia habitual. Santana afirmó que la propuesta constituye una respuesta a la emergencia habitacional del archipiélago: "Mientras el Gobierno habla de vivienda, mantiene normas que pueden expulsar del mercado residencial miles de viviendas donde viven familias desde hace décadas".

La norma plantea extinguir sanciones pendientes

Uno de los ejes de la Proposición de Ley es la revisión de los procedimientos sancionadores abiertos en los últimos años. La iniciativa establece que dejarían de iniciarse expedientes contra propietarios cuando el planeamiento permita el uso residencial, se archivarían los que aún no sean firmes, la Administración reconocería las pretensiones de quienes mantienen recursos judiciales abiertos y quedarían extinguidas las sanciones pendientes de pago.

Franquis sostuvo que mantener estos procedimientos carece de sentido mientras la base jurídica que los sustenta está siendo cuestionada por los tribunales. El portavoz socialista insistió en que la reforma "no va contra el turismo", sino que apuesta por un modelo turístico "ordenado, sostenible y compatible con la vida real de las islas".