El Gobierno de Canarias ha presentado este jueves ante la Comisión de Cabildos Insulares del Parlamento autonómico su propuesta de reforma de la Ley del Suelo de 2017, con la que pretende agilizar la aprobación de los planes urbanísticos, facilitar la construcción de vivienda protegida y limitar la expansión sobre nuevos terrenos. Entre las principales medidas figura aumentar del 10% al 15% la cesión obligatoria de aprovechamiento en suelo urbanizable y exigir la desclasificación de una superficie equivalente cuando se clasifique nuevo suelo de este tipo.
Según ha informado la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas en un comunicado, la actualización busca adaptar la normativa a los cambios legislativos de los últimos años, especialmente en materia de vivienda y cambio climático, así como reforzar la protección del territorio.
Prioridad a la renovación urbana frente a nuevos desarrollos
Uno de los principales objetivos de la reforma es favorecer la transformación de los espacios ya urbanizados frente a la ocupación de nuevos suelos. Para ello, el proyecto plantea elevar al 15% el aprovechamiento que debe cederse obligatoriamente en suelo urbanizable, frente al 10% actual. También propone que, cuando se clasifique nuevo suelo urbanizable, se desclasifique una superficie equivalente.
La actualización contempla, además, un tratamiento menos gravoso para las actuaciones en suelo urbano que para las desarrolladas en suelo urbanizable, con el objetivo de incentivar la renovación de las ciudades existentes. En materia de vivienda, la propuesta busca facilitar las actuaciones de reforma y renovación urbanística destinadas a la construcción de inmuebles protegidos.
Menos trámites y plazos más cortos
La reforma también pretende reducir los tiempos necesarios para elaborar y aprobar los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Entre las medidas previstas figuran el acortamiento de los plazos para emitir informes, realizar consultas y desarrollar los periodos de información pública, además de simplificar la documentación exigida y eliminar trámites considerados innecesarios.
En el caso de las actuaciones de relevancia territorial, el Gobierno propone reducir a la mitad los plazos de emisión de informes entre administraciones. También plantea agilizar las licencias urbanísticas y precisar que los supuestos de silencio administrativo negativo serán los establecidos por la legislación básica estatal.
Por otro lado, la propuesta incluye medidas para reforzar la disciplina urbanística, con una ampliación de los plazos de actuación administrativa para evitar la prescripción de infracciones y un aumento de la cuantía mínima de las sanciones.
Una reforma tras nueve años de aplicación
El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, ha explicado que la actualización responde a las necesidades detectadas desde la entrada en vigor de la Ley del Suelo en 2017. Desde entonces, según los datos aportados por el Gobierno, se han impulsado 250 modificaciones del planeamiento municipal y más de una treintena de modificaciones de la planificación insular.
El Ejecutivo señala que la propuesta se ha elaborado tras un proceso participativo iniciado en noviembre de 2023, que incluyó 17 foros y la participación de más de 700 profesionales y expertos, entre ellos técnicos de ayuntamientos y cabildos. “Nueve años después de su aprobación, el Gobierno considera necesario actualizarla para incorporar los cambios normativos producidos desde entonces, especialmente en materia de cambio climático y vivienda, y responder a nuevos objetivos relacionados con el acceso a la vivienda, el reto demográfico, la cohesión territorial y la renovación urbana”, ha señalado Miranda.
La reforma mantiene la estructura principal de la ley vigente y se suma a otras modificaciones normativas aprobadas durante la legislatura en materia de vivienda, energías renovables y planificación urbanística. El consejero ha solicitado el respaldo de los cabildos insulares a la propuesta, que todavía debe completar la tramitación correspondiente antes de convertirse en una modificación de la legislación vigente.
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