El Gobierno de Canarias ha presentado este miércoles en el Parlamento autonómico un proyecto de reforma de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos con el objetivo de agilizar la planificación urbanística, facilitar la construcción de vivienda protegida y reforzar la conservación del territorio.
Según ha informado la Consejería de Política Territorial en un comunicado, el consejero Manuel Miranda ha defendido durante el debate de primera lectura una actualización de la normativa vigente desde 2017, que busca responder "a la emergencia habitacional y reducir los obstáculos administrativos que retrasan los proyectos urbanísticos".
Una de las principales medidas consiste en "favorecer la construcción de vivienda protegida en suelo urbano ya transformado, mediante la reducción de las cargas asociadas a las actuaciones de reforma y renovación de las ciudades".
Más cesiones de suelo y límites a la expansión urbanística
La reforma también propone "elevar de un 10% a un 15% el aprovechamiento de cesión obligatoria a la comunidad en concepto de participación en las plusvalías urbanísticas". Además, establece que la clasificación de nuevo suelo urbanizable deberá "ir acompañada de la desclasificación de una superficie equivalente, con el objetivo de contener la expansión de las ciudades", explican.
En materia de protección territorial, el proyecto plantea "ampliar de seis a nueve meses el plazo para resolver y notificar determinados procedimientos urbanísticos y elevar de 60 a 300 euros la sanción mínima por infracciones".
Menos trámites para aprobar los planes urbanísticos
Otro de los objetivos es acortar los procedimientos administrativos. Entre las medidas previstas figura "reducir a la mitad los plazos de emisión de informes en determinados supuestos de cooperación entre administraciones, simplificar los planes generales y agilizar la tramitación de licencias".
Según los datos facilitados por la Consejería, desde la entrada en vigor de la normativa de 2017 se han tramitado "más de 250 modificaciones del planeamiento municipal y más de una treintena de modificaciones de los instrumentos de planificación insular". El Ejecutivo señala que la propuesta es resultado "de un proceso de participación iniciado en noviembre de 2023, con 17 encuentros y más de 700 profesionales y expertos, incluidos cerca de 300 empleados públicos municipales".
El Gobierno ha solicitado la tramitación de urgencia de la reforma para acelerar su aprobación. Tras el debate de primera lectura, el proyecto continuará su recorrido parlamentario, durante el que los grupos políticos podrán presentar enmiendas.
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