Dos consejeros del Gobierno de Canarias presentaron fuera de plazo su declaración de bienes y solo la entregaron tras varios requerimientos. Lo recoge el informe sobre el estatuto de los altos cargos de la Audiencia de Cuentas de Canarias, que su presidente, Pedro Pacheco, presentó este lunes en comisión parlamentaria junto a otro sobre la integridad institucional de la administración autonómica.
El informe, que examina documentación de 2024 y 2025, señala a los consejeros de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, y de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez. Ambos superaron el plazo de tres meses para presentar sus declaraciones. Pacheco precisó que, en general, los altos cargos cumplen con esta obligación y que los incumplimientos fueron finalmente subsanados.
94 de 158 altos cargos, sin agenda pública
La falta de transparencia se extiende a las agendas. Los titulares de Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, y de Sanidad, Esther Monzón, no publicaban las suyas cuando se elaboraron los informes, y lo mismo ocurría con 94 de los 158 altos cargos autonómicos, entre ellos varios titulares de viceconsejerías y direcciones generales. “La agenda es un instrumento básico para el control del conflicto de intereses”, alertó Pacheco.
La Audiencia cuestiona además que no existe un criterio uniforme: algunas entradas se limitan a desplazamientos o tareas propias del puesto y no permiten saber con quién se reúnen los responsables públicos ni qué asuntos tratan.
Una ley de 1997 “obsoleta”
El informe sostiene que la normativa canaria de 1997 ha quedado obsoleta. Entre otras medidas, reclama concretar las restricciones y autorizaciones para trabajar en actividades privadas tras el cese en el puesto, así como verificar su cumplimiento. También propone establecer al menos dos acciones anuales obligatorias de formación ética: según la información facilitada a la Audiencia, solo 18 altos cargos recibieron formación con estos contenidos en 2024, sin que se acreditara su asistencia.
En el conjunto de los 158 altos cargos analizados había 95 hombres y 63 mujeres, aproximadamente un 60 % y un 40 %. El informe destaca una mayoría masculina muy marcada en las viceconsejerías y desequilibrios por departamentos: en Agricultura había ocho hombres y dos mujeres, y en Bienestar Social, cuatro hombres y diez mujeres.
“Queda mucho por hacer” en integridad institucional
El segundo informe advierte de que “queda mucho por hacer”, ya que no existe una estrategia global, coordinada y dotada de personal para prevenir el fraude y la corrupción. Las actuaciones preventivas se concentran en las exigencias para gestionar los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero no hay códigos éticos, de conducta o de buen gobierno de alcance general al margen de esa financiación.
La Audiencia reprocha un retraso de más de quince meses en establecer un canal protegido para informantes de posibles irregularidades. Solo tres de las dieciocho sociedades públicas revisadas tenían un canal interno de denuncias adaptado a las exigencias legales. Pacheco señaló además que sigue pendiente la creación de un canal externo de información ante una autoridad independiente, al que puedan acudir los informantes.
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