El secretario nacional de Formación, Programas y Estrategia de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), Román Rodríguez, ha criticado la tramitación de la Ley Canaria de la Ciencia, al considerar que se ha aprobado sin el consenso de la comunidad científica, sin el respaldo de las dos universidades públicas canarias y sin compromisos firmes de financiación.
Rodríguez ha calificado la norma como "una oportunidad perdida" para Canarias y ha lamentado que únicamente haya contado con el apoyo parlamentario de los grupos que sostienen al Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular.
Universidades públicas
Según explica NC-bc, durante la tramitación parlamentaria presentó varias enmiendas inspiradas en las propuestas de las universidades públicas y de los jóvenes investigadores de las Islas, aunque asegura que la mayoría fueron rechazadas.
Además, el dirigente nacionalista considera que esta forma de actuar mantiene la misma línea que, a su juicio, sigue el Ejecutivo con las universidades públicas. Recuerda que miles de personas han respaldado el manifiesto en defensa de estas instituciones y reclama que se cumpla el objetivo de financiación previsto en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que fija alcanzar el 1% en 2030, frente al 0,5% actual.
Recortes en I+D+i
Rodríguez también ha denunciado la reducción de la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Según los datos aportados por NC-bc, los presupuestos de 2026 reducen en 12,2 millones de euros las partidas destinadas a este ámbito respecto al año anterior.
La formación sostiene que, si se comparan los presupuestos de 2024, 2025 y 2026 con los de 2023, la inversión en I+D+i se ha reducido en 24,9 millones de euros, mientras el gasto no financiero del Gobierno ha aumentado.
Críticas a la ley
Román Rodríguez afirma además que la nueva ley no incorpora compromisos económicos vinculantes ni recoge las aportaciones de las universidades públicas, que, según señala, generan más del 90% de la investigación científica en Canarias.
Entre las críticas de NC-bc también figura la falta de medidas para facilitar una carrera investigadora a los jóvenes, la composición del futuro consejo asesor de ciencia, donde las universidades públicas tendrán dos representantes de un total de 17 miembros, y la exclusión de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).
Para Rodríguez, tanto la nueva Ley Canaria de la Ciencia como la política presupuestaria del Gobierno reflejan una estrategia que, en su opinión, perjudica a las universidades públicas y favorece a las privadas.
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