El viajero habitual del transporte público sabe que sube a la guagua o al tranvía, pasa la tarjeta y no paga (directamente). En prácticamente todas las paradas de las Islas este gesto se ha convertido en rutina. Pero detrás de esta costumbre hay una fecha escrita en negro sobre blanco: 31 de diciembre de 2026. Ese día expira el paraguas legal que permite a Canarias mantener el transporte público terrestre gratuito para los residentes gracias a una ayuda del Estado.
Lo que pase a partir del 1 de enero de 2027 no está escrito y depende del Ejecutivo estatal. Y de un calendario electoral que deja un hueco incómodo entre el 29 de noviembre y el 23 de diciembre, en lo que a este asunto se refiere.
Blindaje hasta finales de 2026
La Ley de Movilidad Sostenible, aprobada en 2025, blindó la gratuidad solo para 2026. Reconoció el hecho insular y comprometió al Estado a financiar un descuento del 100% en abonos y títulos multiviaje del transporte colectivo terrestre en Canarias (y Baleares). Pero no extendió ese blindaje a 2027.
En la práctica, eso significa que, si no hay una nueva norma que prorrogue la ayuda, la tarifa cero se queda sin motor.
Un diciembre de incertidumbre
Como ya casi todos saben, Pedro Sánchez ha convocado elecciones generales para el 29 de noviembre. Tras los comicios, las Cortes no estarán constituidas hasta el 23 de diciembre. Hasta que tome posesión el nuevo Gobierno, el Ejecutivo queda en funciones, pudiendo gestionar lo ordinario, pero tiene límites para aprobar medidas de gran calado. Aun así, la Constitución y la Ley del Gobierno le permiten sacar adelante reales decretos‑ley si hay “extraordinaria y urgente necesidad”. Y aquí es donde entra la pregunta que preocupa a miles de usuarios: ¿habrá un RDL exprés para que el 1 de enero no haya susto en la gratuidad del transpote?
Los precedentes invitan a pensar que sí. En diciembre de 2025, el Gobierno aprobó un Real Decreto‑ley 17/2025 que prorrogó las bonificaciones de transporte para todo 2026 y concretó el sistema de anticipos y liquidaciones. Esa misma vía podría usarse ahora para cubrir el vacío entre 2026 y 2027, aunque fuera de forma temporal (por ejemplo, primer semestre) hasta que el nuevo Ejecutivo y las nuevas Cortes decidan el modelo definitivo.
Diferentes escenarios para 2027
Como se ha expuesto, se podría aprobar una prórroga exprés antes de que finalice el año. El Gobierno en funciones podría aprobar un real decreto‑ley que mantenga el descuento del 100% en Canarias al menos durante un primer tramo de 2027. La norma se convalidaría posteriormente por la Diputación Permanente y se tramitaría como ley por urgencia. Para el usuario, nada cambia el 1 de enero ya que podrá seguir pasando la tarjeta y viajando gratis. Para las administraciones, se ganaría tiempo hasta cerrar los Presupuestos Generales de 2027 (si los hubiera).
También podría darse un vacío legal y un parche autonómico si no hay un decreto ley antes del 1 de enero de 2027. La ayuda estatal del 100% caduca y, en teoría, las guaguas y el tranvía deberían volver a tener tarifa. Para evitar el golpe social, el Gobierno de Canarias o los cabildos podrían decidir asumir el coste con fondos propios de forma transitoria, mientras se negocia en Madrid. El usuario no notaría el cambio, pero la factura se desplazaría del Estado a las arcas canarias.
Otro escenario es el fin de la gratuidad si no se renueva la ayuda y Canarias no puede (o no quiere) cubrir el coste íntegro. A partir de enero, el transporte dejaría de ser gratuito para todos y se volvería a un esquema de bonificaciones parciales (jóvenes, colectivos vulnerables o gratuidad infantil, entre otros) o a tarifas normales con algún tipo de descuentos.
¿Quién paga la factura?
Durante 2026, el Estado ha destinado a Canarias una dotación en torno a los 120 millones de euros para financiar la gratuidad. Ese dinero llega como anticipo (alrededor del 65%) y luego se liquida en 2027, una vez justificados los costes. Si la ayuda se corta en 2027, ese flujo se interrumpe. Y quien tendría que poner el dinero sobre la mesa sería la administración que decida mantener la tarifa a cero ya sea el gobierno autonómico, cabildos o ayuntamientos.
La gratuidad o no del transporte público no es una cuestión menor, ya que en un archipiélago donde la movilidad es un derecho de facto para trabajar, estudiar o ir al médico, cualquier cambio de tarifa tiene impacto directo en el bolsillo de las familias y en la planificación de los servicios.
Próximas semanas
Lo que hay que vigilar en las próximas semanas es, ante todo, si el Gobierno en funciones se decide a activar la única herramienta que tiene para evitar un corte en seco, o sea, un real decreto‑ley que prorrogue las ayudas al transporte con efecto desde el 1 de enero de 2027 y que mencione expresamente a Canarias.
También habrá que estar pendiente a las declaraciones del Ministerio de Transportes y del Ejecutivo canario sobre el alcance de esa posible prórroga y si tendrá cobertura total, parcial o simplemente un acuerdo para un periodo acotado mientras se aprueban las cuentas estatales en 2027.
Una medida que nació “coyuntural” y pide ser permanente
Desde Canarias se ha repetido que la gratuidad no puede ser una medida año a año, sujeta a la negociación política en el Congreso. La ley de 2025 dio un paso al reconocer el hecho insular, pero dejó la puerta abierta a que cada ejercicio dependa de una nueva decisión. Ahora, con elecciones de por medio y un calendario apretado, esa puerta se estrecha.
Para el viajero de a pie, la ecuación es muy simple: si el 1 de enero pasa la tarjeta y el validador pita en verde, es porque se ha solucionado el asunto o bien en Madrid o en Canarias. Si pita en rojo o le pide saldo, es porque esa decisión no se ha tomado o no ha llegado a tiempo. En medio, hay miles de trayectos diarios, cientos de trabajadores del sector y un modelo de movilidad que, en un territorio insular, no es un lujo sino una cuestión de cohesión territorial.
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