La contratación pública en Canarias incumple de forma mayoritaria la Ley de Contratos del Sector Público, según un informe de prevención de la corrupción elaborado por la Audiencia de Cuentas de Canarias, que revela que solo el 7% de los órganos de contratación inspeccionados cumple la obligación legal de programar y planificar previamente su actividad contractual.

El informe, presentado este lunes en comisión parlamentaria por el presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, analiza un total de 819 órganos de contratación y constata que la programación contractual “brilla por su ausencia” en la mayoría de las administraciones públicas del Archipiélago. Aunque los datos corresponden a 2022, Pacheco ha señalado que la situación se ha repetido en 2023 y en ejercicios posteriores.

Abuso del contrato menor

Uno de los principales focos de preocupación del informe es el uso masivo del contrato menor, que concentra el 60% de las contrataciones de las administraciones locales canarias. Pacheco ha recordado que este tipo de contrato está previsto para situaciones excepcionales e imprevisibles, pero se utiliza “de una manera muy generalizada”.

“El contrato menor es una comodidad para funcionarios y gestores porque lleva menos trámites”, ha advertido, pero también “puede ser utilizado para otro tipo de cosas más oscuras o grises”. Según el presidente de la Audiencia de Cuentas, este modelo de contratación no favorece la transparencia ni la igualdad de acceso, y además distorsiona la competencia.

Una obligación que sí se puede cumplir

Pacheco ha rechazado que la exigencia legal de programar la contratación sea inasumible para las administraciones públicas. Como ejemplo, ha señalado al Servicio Canario de la Salud, que sí cumple de forma habitual con la planificación contractual. “No hay mayor volumen ni mayor complejidad de contratación que el del Servicio Canario de la Salud, y es el que más programa”, ha subrayado.

El informe indica que, dentro del 7% de órganos cumplidores, 25 pertenecen a la Comunidad Autónoma y 29 a entidades locales, en su mayoría cabildos. En el ámbito insular, Gran Canaria, Tenerife y El Hierro realizan una planificación unificada de sus órganos de contratación.

En el caso de los ayuntamientos, la programación es aún más excepcional. Solo Tuineje, Teguise y Santa Cruz de Tenerife, junto a los organismos autónomos de este último y la Sociedad Municipal de Viviendas de San Cristóbal de La Laguna, realizan una planificación previa de sus contratos, según el informe.

Falta de control y evaluación

La Audiencia de Cuentas defiende la necesidad de aprobar una norma autonómica que clarifique los contenidos mínimos, la periodicidad y el alcance de la programación contractual, ya que en muchos casos las planificaciones existentes no cumplen lo exigido por la ley estatal. Pacheco ha señalado que la Dirección General de Patrimonio tiene competencias para aclarar estas obligaciones y ha lamentado que, “a ciertos niveles” de la administración, la programación se considere una “maría”.

Además, ha advertido de que la evaluación posterior de las programaciones, que debería realizarse al cierre de cada ejercicio presupuestario, es también minoritaria, lo que convierte el control de la contratación pública en otra de las asignaturas pendientes del sector público canario.