La falta de transparencia en los procesos selectivos de la Policía Canaria y de las policías locales del archipiélago ha desatado preocupación entre los opositores y los sindicatos. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que el Gobierno de Canarias designa “a dedo” a los miembros de los tribunales calificadores, poniendo en duda la objetividad de las pruebas.

Según la organización, los mismos funcionarios participan en hasta diez procesos selectivos distintos, incluso de forma simultánea, en diferentes municipios. Este patrón, advierte CSIF, “genera un sistema opaco y repetitivo” que mina la confianza en las convocatorias públicas. El sindicato reclama a la Dirección General de Formación y Estudios del Gobierno de Canarias que explique los criterios usados para la selección de los tribunales.

CSIF considera que los nombramientos reiterados “vulneran el principio de objetividad” y denuncian que se ha roto el deber de confidencialidad y neutralidad que debe regir en los tribunales calificadores. Además, acusa a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de “eludir su responsabilidad como garante de la legalidad” en los procesos de oposición.

Posibles conflictos de interés

La polémica se agrava por posibles conflictos de interés en la actual convocatoria del Cuerpo General de la Policía Canaria. Fuentes sindicales señalan el caso de una agente de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria que forma parte del tribunal y mantiene una relación con un oficial de la Policía Autonómica cuyo hijo se presenta a las pruebas. Según CSIF, esta funcionaria “debería haberse abstenido” para preservar la imparcialidad del proceso.

El sindicato exige a la Administración autonómica que garantice el cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de los Tribunales Calificadores, elaborado por Función Pública, que obliga a respetar los principios de independencia y transparencia. También solicita una revisión completa de los nombramientos realizados en los últimos años y la comparecencia de responsables del Ejecutivo ante los medios y los opositores.

“Cada año empeora la situación y aumenta la desconfianza de los aspirantes”, concluye el sindicato, que advierte de que si se confirman las irregularidades, los procesos selectivos podrían quedar comprometidos.