El Tribunal Supremo celebrará el próximo 12 de marzo el juicio contra el senador y expresidente del Cabildo de Lanzarote Pedro San Ginés, de Coalición Canaria, para quien la Fiscalía solicita un año y medio de prisión por presuntos delitos de falso testimonio y/o acusación y denuncia falsa.
El procedimiento judicial tiene su origen en la denuncia presentada por la familia del empresario Antonio González, ya fallecido, vinculado a la empresa Climafrical, que fue investigada por supuestas irregularidades en contratos del Centro de Artes, Cultura y Turismo en una causa que finalmente terminó archivada.
Los hechos se remontan a 2009, cuando San Ginés compareció ante la Guardia Civil pocas semanas después de acceder a la presidencia del Cabildo de Lanzarote para denunciar presuntas irregularidades que afectaban al entonces consejero del PSOE Carlos Espino, quien posteriormente fue denunciante del conocido caso Unión, la mayor trama de corrupción juzgada hasta la fecha en la isla.
En septiembre de 2022, el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife decretó la apertura de juicio oral al considerar que existían indicios de que San Ginés faltó a la verdad en una causa penal, lo que motivó la solicitud de condena por parte del Ministerio Público.
Del juzgado al Supremo
El juicio iba a celebrarse en el Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife, pero tuvo que elevarse al Tribunal Supremo tras adquirir San Ginés la condición de aforado en julio de 2023, al ser designado senador autonómico por el Parlamento de Canarias.
Ya en el alto tribunal, el magistrado instructor Vicente Magro acordó el archivo de la causa en abril de 2024. Sin embargo, un año después, la Sala de lo Penal del Supremo revocó esa decisión al estimar los recursos presentados por la Fiscalía y la acusación particular, y un mes más tarde se ordenó el procesamiento del senador.
La Fiscalía solicita para Pedro San Ginés un año y seis meses de prisión y una multa de 4.050 euros, mientras que la acusación particular eleva la petición hasta tres años de cárcel y 5.400 euros de multa.
El pasado mes de septiembre, el senador aseguró que afrontará el juicio con “total tranquilidad”, convencido de que quedará acreditado que el origen del procedimiento se debe a “un error” de la Fiscalía, según manifestó públicamente.