Todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, han votado este miércoles en contra de la búsqueda de tierras raras en la isla de Fuerteventura. Una empresa, Tenáridos, del grupo Satocan, ha presentado tres permisos de investigación para conocer si efectivamente la isla cuenta con tierras raras, que han sido aprobados por la Consejería de Industria, lo que ha ganado el rechazo de la sociedad civil y de las instituciones políticas de la isla.
A raíz de esta situación, el Grupo Nueva Canarias-Bloque Canarista ha presentado una proposición no de ley que insta al Gobierno de Canarias a paralizar los permisos de búsqueda y prospección de tierras raras y a denegar cualquier permiso futuro. Además, el texto original de la proposición reclamaba el garantizar que ante futuras solicitudes se informará previamente a las instituciones locales e insulares afectadas por las mismas, así como analizar el impacto ambiental que cualquier actividad minera pueda tener tanto en el entorno como en la flora y fauna, además de a la salud de las personas de las áreas afectadas directamente, así como de los territorios circundantes y los ecosistemas marinos.
Acuerdo en el rechazo
El texto ha incluido con propuestas alternativas posteriores de CC y el PP, los grupos que conforman el Gobierno de Canarias y que también han respaldado el rechazo a la búsqueda de tierra raras. De esta forman, la diputada de Nueva Canarias Natalia Santana, quien ha defendido la proposición ha celebrado la capacidad de todos los grupos salvo Vox de alcanzar un acuerdo para tratar de "frenar esta locura", pues ha planteado si "alguien cree" que con una inversión prevista de 1,5 millones y al amparo de una ley de minería preconstitucional solo se pretende estudiar la existencia de tierras raras y no "llenar de minas" Fuerteventura.
"No podemos poner a nuestra gente en peligro, abriendo en nuestro territorio una de las actividades mineras más contaminantes del planeta", ha advertido Santana. La diputada ha hecho referencia a su voto afirmativo el pasado septiembre para que las dos universidades públicas estudiaran la presencia de tierras raras en el subsuelo, pero "de ahí se pasó a aprobar permisos" por parte del Gobierno de Canarias, ha denunciado.
Dos posiciones
Pese al acuerdo con PP y CC en este texto, Santana ha asegura que ambos grupos están en una situación kafkiana al pretender ser al mismo tiempo "verdugo y salvador, gobierno y oposición", e instar en el Parlamento a "parar lo que han apoyado en el Consejo de Gobierno".
El diputado Mario Cabrera ha sido quien ha defendido la posición de Coalición Canaria, ha enfatizado que la iniciativa de Nueva Canarias y la enmienda transaccional de los grupos que apoyan al Gobierno no tienen "nada que ver: son como un huevo y una castaña", ha dicho, pues el texto definitivo recoge todas las demandas vecinales y los acuerdos institucionales, así como las alegaciones presentadas, que no estaban en el texto inicial.
El "mandato claro" de la proposición no de ley aprobada por la Cámara regional, ha dicho el diputado nacionalista, es "parar cualquier tipo" de solicitud de extracción y no tramitar ninguna más en el futuro, tal y como ha recogido Efe. También pide la revisión de la Ley de Minas y que el pronunciamiento de Cabildo y ayuntamientos sea vinculante. Mario Cabrera ha instado al Gobierno de Canarias a "que materialice este mandato de forma inmediata" y a que "desempolve" la propuesta del parque de zonas áridas, que lleva "durmiendo en el baúl del olvido".
Elemento codiciado pero que amenaza
Por su parte, Luz Reverón, del grupo Popular, ha admitido que aunque las tierras raras son "codiciadas como una oportunidad", en especial en el ámbito de las tecnologías de la comunicación y del vehículo eléctrico, su búsqueda "multiplica la explotación de recursos naturales mediante la minería", que en el caso de Fuerteventura supone "una amenaza de gravedad" para el entorno natural. Reverón ha puntualizado en todo caso que hay "muchas acciones de particulares" ante el Gobierno de Canarias, algunas de las cuales han sido admitidas a trámite, "lo que no significa que estén autorizadas".
Por parte del Grupo Socialista, el diputado Manuel Hernández Cerezo, ha criticado "la manera de proceder" del Gobierno de Canarias: "un atropello a la sociedad majorera y una afrenta directa al Cabildo y los seis ayuntamientos" de esa isla. Asimismo ha rechazado que "hasta anteayer" la postura del PP era otra y ha invitado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a que "ejerza" su cargo y ordene la paralización de las autorizaciones si el vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, "no tiene valentía y no quiere" hacerlo.
El grupo que se ha mostrado en contra de esta PNL ha sido Vox. Su portavoz, Nicasio Galván, ha manifestado que en en Canarias no hay "seguridad jurídica" y ha rechazado que no se apueste por esta industria para diversificar la economía de Canarias. Además, ha criticado que Europa es dependiente de China en la obtención de tierras raras. Galván ha considerado que lo acordado hoy por el resto de grupos es "un mensaje perfecto para que huya la poca inversión en nuestra tierra y para desincentivar a los emprendedores".