El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reclamado este sábado al Tribunal Supremo que resuelva el fondo del conflicto judicial sobre la conocida como Ley de Nietos antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Su petición llega después de que el alto tribunal haya dado al Gobierno hasta el miércoles 28 de octubre para identificar a los 163.020 españoles residentes en el extranjero afectados por la suspensión cautelar de su derecho al voto.
Torres ha realizado estas declaraciones en Las Palmas de Gran Canaria, durante la presentación de los candidatos del PSOE canario al Congreso de los Diputados y al Senado. El ministro considera que la situación está provocando una vulneración de derechos, al afectar a ciudadanos españoles que ya participaron en procesos electorales anteriores.
"Personas que votaron en las últimas elecciones autonómicas, generales y europeas ahora no van a poder hacerlo", ha lamentado, antes de calificar de "asombroso" que pueda restringirse el ejercicio de un derecho constitucional.
Por ello, ha insistido en que lo que debe hacer el Supremo es "entrar en el fondo del asunto y antes de que se celebren las elecciones del 29 de noviembre".
Ultimátum del Supremo
Las declaraciones del ministro llegan apenas un día después de que el Tribunal Supremo endureciera sus requerimientos al Ejecutivo.
El alto tribunal ha exigido a los ministerios de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, encabezado por José Manuel Albares, que remitan la relación nominal de los 163.020 electores afectados por la suspensión.
El plazo finaliza el 28 de octubre, a las 15:00 horas, y los magistrados advierten de que su incumplimiento podría derivar en multas coercitivas de 1.000 euros a los ministros responsables e incluso en la remisión de las actuaciones para determinar posibles responsabilidades penales.
La controversia judicial tiene su origen en una instrucción del Ministerio de Justicia de 2022 que facilitó el acceso a la nacionalidad española a descendientes de emigrantes al presumir la condición de exiliados de quienes abandonaron España entre 1936 y 1955.
El Supremo cuestiona que esta interpretación administrativa pueda ampliar los supuestos previstos en la Ley de Memoria Democrática y considera necesario comprobar las condiciones de inscripción de determinados nacionalizados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
La suspensión es cautelar y no implica la retirada de la nacionalidad española. Tampoco afecta a todas las personas que obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Nietos: quienes acrediten los requisitos exigidos por el tribunal podrán ejercer su derecho al voto.
Documentación pendiente
Torres ha asegurado que el Gobierno ya ha entregado parte de la información requerida por el Supremo y que trabaja para completar el procedimiento durante los próximos días.
Según ha explicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha solicitado a las oficinas consulares que recopilen la identidad de las personas afectadas por la aplicación de la norma.
El ministro ha reconocido, sin embargo, las dificultades administrativas de una operación que implica revisar miles de expedientes repartidos por consulados de distintos países.
"No es una situación sencilla", ha señalado, al recordar que en muchos casos se trata de procedimientos que todavía se realizan manualmente.
La revisión documental se ha convertido en uno de los principales obstáculos para cumplir el plazo judicial. Buena parte de los expedientes se conserva en oficinas consulares que no disponen de toda la información digitalizada, lo que obliga a efectuar comprobaciones individualizadas.
Esta circunstancia complica la identificación de los afectados mientras avanza el calendario electoral.
Críticas a la derecha
Durante su intervención, Torres también ha cargado contra las formaciones de derecha y extrema derecha por su posición en el conflicto judicial.
A su juicio, la controversia está alimentando un discurso que diferencia entre ciudadanos españoles en función de cómo adquirieron su nacionalidad.
"Estamos ante un relato que la derecha y la ultraderecha quiere mantener y que se le traslada a la sociedad española: que hay españoles de primera y de segunda", ha afirmado.
El ministro ha sostenido que resulta especialmente preocupante que personas que ya ejercieron el derecho al sufragio puedan verse ahora privadas de participar en las próximas elecciones.
"Están poniendo una tirita antes de la herida y adelantando lo que va a ocurrir, que es la remontada... estamos en la remontada", ha añadido en referencia al escenario electoral.
El conflicto comenzó después de que Vox e Iustitia Europa recurrieran las inscripciones censales derivadas de la aplicación de la Ley de Nietos, al considerar que la instrucción administrativa había extendido el acceso a la nacionalidad más allá de los supuestos establecidos legalmente.
El Supremo acordó suspender cautelarmente los efectos electorales de determinadas inscripciones para preservar, según su argumentación, las garantías y la regularidad del censo.
Canarias, pendiente del voto
Como ha informado Atlántico Hoy, la decisión judicial tiene una especial relevancia para Canarias por la dimensión de su comunidad residente en el extranjero y sus vínculos históricos con países como Venezuela y Cuba.
El Archipiélago cuenta actualmente con 189.920 electores inscritos en el censo exterior, lo que representa un incremento de 27.066 personas respecto a las elecciones generales de 2023.
De ese total, 124.555 corresponden a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 65.365 a la de Las Palmas.
Sin embargo, todavía no existe un desglose oficial que permita conocer cuántos de los 163.020 electores afectados por la suspensión están vinculados a Canarias.
La coincidencia entre el crecimiento del censo exterior y las nacionalizaciones realizadas mediante la Ley de Nietos tampoco permite atribuir automáticamente todos los nuevos electores a esta normativa.
A la espera de sentencia
El conflicto ha llegado también al Tribunal Constitucional, que el pasado 21 de octubre rechazó admitir a trámite el recurso presentado por el Defensor del Pueblo contra la suspensión del voto.
El tribunal de garantías consideró prematura su intervención porque el procedimiento judicial todavía permanece abierto en el Supremo, que debe pronunciarse sobre el fondo de los recursos.
La decisión del Constitucional no supone, por tanto, un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad de la suspensión.
Mientras tanto, el calendario electoral continúa avanzando. Entre el 24 y el 30 de octubre está previsto el envío de documentación a los electores residentes en el extranjero, aunque recibirla no garantiza que quienes estén afectados por la medida cautelar puedan votar.
Torres reclama ahora que el Supremo dicte una resolución definitiva antes del 29 de noviembre, una fecha que marcará la participación electoral de miles de españoles nacionalizados mediante la Ley de Nietos y cuyo desenlace continúa pendiente de las próximas decisiones judiciales.
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