El Tribunal de Cuentas ha solicitado responsabilidad contable de irregularidades detectadas en los contratos de compra de material sanitario en Canarias durante la pandemia, si bien el fiscal ha suspendido la tramitación ante las acciones emprendidas por el Gobierno autonómico para recuperar los cuatro millones de euros que costaron las mascarillas que no llegó a recibir.
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha informado este lunes de la petición de responsabilidad contable durante su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso sobre el llamado caso Koldo y las supuestas irregularidades en las compras de mascarillas y otros productos sanitarios en la primera etapa de la pandemia.
Según Chicano, la acción de pedir responsabilidades se emprendió a partir de la documentación recogida en el borrador del informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en el que se apuntaba la posibilidad de irregularidades contables en el caso mascarillas.
Acciones para recuperar el dinero
“De ese informe, se ha solicitado responsabilidad contable. Se está depurando. Está suspendido por el fiscal porque están ejerciendo acciones para la recuperación del dinero en Canarias. Por eso se ha suspendido la tramitación, hasta saber si se recupera el dinero”, ha explicado Chicano ante las preguntas formuladas sobre este asunto por la diputada de CC, Cristina Valido.
La presidenta del Tribunal de Cuentas ha añadido que el fiscal entendió que podía haber responsabilidad contable que pudiera dirimirse, por lo que solicitó documentación a la institución que preside para estudiar el caso.
Chicano no ha dado más detalles sobre la situación del expediente del fiscal porque se trata de un asunto “jurisdiccional” del que es competente otra institución. “Y en eso, ni entro, ni sé, ni pregunto (…) Está abierto y ahora está suspendido”, ha añadido.
No ha concretado cuándo empezó el procedimiento del fiscal, si bien ha puntualizado que al incoarse, se ha interrumpido la prescripción del posible delito. Preguntada por Valido si el Tribunal de Cuentas contactó con responsables del Gobierno canario para recabar más documentación, Chicano lo ha negado al dejar claro que la fiscalización de los contratos la llevó a cabo la Audiencia de Cuentas de Canarias, cuyo informe no llegó a aprobarse y se quedó en un borrador.