La Universidad de La Laguna (ULL) ha decidido abrir una investigación interna y ha solicitado un informe a la Delegación del Gobierno para aclarar la actuación policial durante los incidentes registrados el 14 de noviembre en el campus de Guajara, coincidiendo con la presencia del agitador Vito Quiles en los alrededores de las facultades de Derecho y de Ciencias Sociales y de la Comunicación.

El rector, Francisco García, ha comunicado estas medidas en la sesión del Claustro y recuerda que la ULL había denegado la cesión de espacios para el acto convocado por Quiles, que finalmente se celebró en el recinto universitario sin autorización.

Cuestiones sobre el operativo policial

García explica que el convocante ha utilizado equipamiento de la institución y que durante el acto se ha distribuido material con contenido xenófobo sin que consten medidas para evitarlo. También ha señalado que la intervención policial ha derivado en “un uso selectivo de la fuerza”, que considera desproporcionado, y que varias personas han resultado heridas en el operativo.

El rector subraya que la movilidad del grupo que protestaba contra la presencia del ultraderechista ha quedado limitada, mientras que las actividades no autorizadas han seguido adelante con acompañamiento policial.

Solicitud de informes y respuesta institucional

García afirma que la libertad de expresión no puede ejercerse cuando entra en conflicto con los derechos humanos o con la convivencia universitaria. Añade que la actividad académica se ha desarrollado con normalidad pese a los incidentes, aunque reconoce que la protección a los manifestantes no ha sido adecuada.

La ULL permanece a la espera del informe requerido a la Delegación del Gobierno sobre la planificación del dispositivo y advierte que no descarta acciones judiciales según las conclusiones.

Posición del Claustro

Durante la sesión, los grupos del Claustro han expresado su rechazo a lo sucedido y han reclamado responsabilidades. El órgano ha aprobado un comunicado en el que denuncia los hechos y la actuación policial, exige un informe riguroso y público sobre lo ocurrido e insta a la Delegación del Gobierno a revisar el operativo para determinar posibles responsabilidades administrativas o judiciales.