El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha pedido “rigor y prudencia” al valorar la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en el marco del caso Plus Ultra. El juez José Luis Calama ha situado al expresidente como investigado en una causa por presunto tráfico de influencias, con una resolución basada en indicios en esta fase del procedimiento.

Sordo hizo estas declaraciones después de la manifestación y la asamblea convocadas por CCOO en Canarias, una movilización centrada en reclamar salarios dignos, igualdad, acceso a la vivienda y mejoras en los derechos laborales y sociales en las islas.

Prudencia judicial

“Estamos ante un auto que, por tanto, se basa en indicios; pero, en la medida en que se sustancie el proceso, lo que hay que aportar evidentemente son pruebas”, señaló el líder sindical.

Sordo remarcó que serán esas pruebas las que determinen el recorrido de la causa penal y defendió que, mientras tanto, debe prevalecer la presunción de inocencia. A su juicio, el procedimiento tiene una evidente “trascendencia institucional”, por lo que reclamó que Zapatero cuente con todas las garantías jurídicas propias de un Estado de derecho.

Una protesta laboral

La intervención de Sordo se produjo tras una jornada sindical que CCOO presentó como una muestra de fuerza de los trabajadores y trabajadoras de Canarias. La organización destacó la “marea roja” que recorrió Gran Canaria y agradeció la implicación de quienes participaron en la movilización.

El sindicato vinculó la protesta con una pregunta de fondo: de qué sirve que la economía crezca si los salarios no permiten llegar a fin de mes. En la asamblea, CCOO insistió en que el crecimiento económico debe trasladarse a la clase trabajadora y reclamó convenios colectivos más fuertes.

Uno de los ejes de la movilización fue el problema de la vivienda en Canarias. CCOO advirtió de que muchas personas trabajadoras destinan más de la mitad de su sueldo al alquiler o a la hipoteca, una situación que el sindicato relaciona con la presión turística y el encarecimiento de los arrendamientos.

La organización pidió a las administraciones “valentía” y medidas contundentes para frenar los alquileres abusivos y evitar que la falta de vivienda asequible siga vaciando pueblos y ciudades. “Convenios fuertes y vivienda digna ya”, resumió el sindicato tras la asamblea.