La emergencia habitacional en Canarias y las reivindicaciones de la movilización del pasado 11 de noviembre (11N) han centrado la reunión mantenida este viernes por Unidad del Pueblo Canario (UPC) con representantes de la plataforma Derecho a Techo en Las Palmas de Gran Canaria.
El encuentro ha servido para compartir propuestas y trasladar a la candidatura las demandas del colectivo, que reclama medidas para garantizar el acceso universal a una vivienda digna. UPC considera que la vivienda debe convertirse en una prioridad de las instituciones y defiende llevar estas reivindicaciones al Congreso y al Senado.
En la reunión han participado Luis Campos, número uno de la candidatura de UPC al Congreso; Javier Marrero, portavoz de Derecho a Techo y candidato al Congreso; y Ana Gloria Sánchez Ruano, candidata al Senado por Gran Canaria, junto a otros representantes de la formación.
Limitar los alquileres
Luis Campos ha calificado la vivienda como "el principal problema de Canarias en este momento" y ha defendido la necesidad de intervenir el mercado inmobiliario para facilitar el acceso a los hogares.
Entre las propuestas planteadas por UPC figuran la declaración de zonas tensionadas y la limitación de los precios del alquiler. La formación también apuesta por que los ayuntamientos puedan impulsar directamente estas declaraciones.
Otra de las iniciativas que ha puesto sobre la mesa Campos es promover una propuesta para ilegalizar las empresas de desocupación. El candidato considera que estas compañías pueden llegar a ejercer coacciones y actuaciones violentas contra la población sin que existan suficientes límites.
Frenar los desahucios
Por su parte, Javier Marrero ha defendido que la vivienda constituye un espacio esencial para desarrollar los proyectos de vida y ha reclamado que las medidas de protección habitacional tengan continuidad más allá de los próximos procesos electorales.
El portavoz de Derecho a Techo también ha exigido a las administraciones autonómicas que ejerzan sus competencias y desarrollen políticas efectivas para proteger a las familias vulnerables.
Entre sus principales demandas figura la paralización de los desahucios cuando existan situaciones de vulnerabilidad. "Ninguna persona debería quedarse sin casa sin que antes se estudie su situación y se activen alternativas", ha defendido.
Marrero también ha reclamado que las administraciones asuman subsidiariamente las deudas de alquiler de las familias que no puedan hacer frente a estos pagos.
Más vivienda pública
La candidata al Senado por Gran Canaria, Ana Gloria Sánchez Ruano, ha destacado la importancia de mantener el diálogo con los colectivos sociales durante la campaña electoral y después de las elecciones.
La formación plantea un cambio en las políticas de vivienda que incluya la ampliación del parque público, la movilización de viviendas vacías y la limitación del alquiler vacacional en aquellas zonas donde desplace a la vivienda residencial.
Entre las medidas que defiende UPC también figura reservar hasta un 30% de vivienda protegida en las nuevas promociones, reforzar las ayudas al alquiler y crear oficinas de asesoramiento y acompañamiento jurídico para proteger a las personas inquilinas.
La candidatura considera que las reivindicaciones de la movilización del 11N deben traducirse en compromisos políticos, recursos públicos y garantías para la ciudadanía canaria. Su objetivo, sostiene, es que la vivienda deje de tratarse como un negocio especulativo y se garantice como un derecho.
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