La diputada socialista Alicia Vanoostende ha denunciado en el pleno del Parlamento canario lo que describe como “un atropello a los agricultores del Valle de Aridane”, en el marco de la aprobación del decreto de medidas agrarias para la recuperación de La Palma después de la erupción volcánica.
Según Vanoostende, este decreto, “lejos de ser una solución, supone un duro golpe para los agricultores, siendo concebido en despachos y alejado del territorio”, lo que lleva a la anulación de un proyecto que era “esperanzador para todos los implicados”.
La parlamentaria ha lamentado que el nuevo Gobierno canario modificara completamente un decreto que asegura, “estaba consensuado con los afectados”, dejando atrás “un proyecto ilusionante que involucraba a toda la comunidad”.
Medida “insuficiente”
Vanoostende ha afirmado que “muchos agricultores se verán obligados a buscar soluciones por su cuenta, teniendo que costear proyectos, obtener licencias de construcción, contratar personal y garantizar el acceso a sus fincas, así como la provisión de agua y electricidad”.
La diputada del PSOE ha lamentado que, si bien el nuevo decreto incluye la posibilidad de indemnización para los agricultores que deseen abandonar la actividad, esta medida es “insuficiente” dada la realidad del terreno.
Además ha señalado que aunque se contempla la reconstrucción de fincas en otros puntos de la isla, las limitaciones geográficas hacen que esta opción sea “prácticamente anecdótica”, por lo que considera que “deja a muchos agricultores sin alternativas viables”.
Sin participación ciudadana
Vanoostende ha criticado también “la falta de participación ciudadana en la elaboración del decreto”, apuntando a que las opiniones de los afectados recogidas durante reuniones previas a las elecciones no se reflejan en el decreto agrícola para la reconstrucción de La Palma recientemente aprobado.
Por ello, la diputada socialista ha reiterado que el PSOE “no solo defiende los intereses de los agricultores afectados, sino también de las cooperativas y entidades agrarias”, quienes han expresado su descontento con un decreto que “frustra las expectativas del sector y genera aún más incertidumbre sobre el futuro de la agricultura en la isla”.