La crisis de la vivienda en Canarias afecta, según Drago Canarias, a todo el territorio del archipiélago. La formación sostiene que los 88 municipios canarios reúnen las condiciones para ser declarados zonas de mercado residencial tensionado, una figura que permite aplicar medidas previstas en la Ley estatal de Vivienda, como limitar el precio de los alquileres.
Esta es la principal conclusión de un informe elaborado por el Bloque de Análisis Territorial y Sostenibilidad de Drago a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) y el Consejo General del Notariado.
El estudio analiza la situación de la vivienda municipio por municipio y contrasta los datos disponibles con los criterios que establece la legislación estatal para solicitar esta declaración.
Los requisitos para ser zona tensionada
La Ley estatal de Vivienda contempla dos criterios para declarar un municipio como zona tensionada. Basta con cumplir uno de ellos para que la comunidad autónoma pueda tramitar la declaración.
El primero tiene en cuenta el esfuerzo económico que supone acceder a una vivienda. Para cumplirlo, el coste medio de la hipoteca o del alquiler, incluidos los gastos asociados, debe superar el 30% de la renta media de los hogares del municipio.
El segundo criterio analiza la evolución de los precios de la vivienda en relación con el Índice de Precios de Consumo (IPC). En concreto, contempla que el precio de compra o alquiler haya aumentado más de un 25,3% en los últimos cinco años, según los parámetros recogidos en el informe.
42 municipios cumplen los dos criterios
El análisis de Drago Canarias concluye que 42 municipios cumplen simultáneamente los dos requisitos establecidos en la legislación estatal. Los otros 46 reúnen al menos uno de ellos.
La formación considera que estos resultados reflejan la gravedad de la situación habitacional en todas las islas y defiende que la declaración de zonas tensionadas permitiría activar herramientas legales para intervenir en el mercado residencial.
La portavoz nacional de Drago, Carmen Peña, sostiene que los datos respaldan la extensión de esta medida a todo el archipiélago. "Son datos objetivos, no es rebatible: Canarias entera debería ser declarada zona tensionada", afirma.
Drago responsabiliza a las instituciones
La formación también dirige sus críticas a las administraciones que todavía no han iniciado los trámites para declarar sus municipios como zonas tensionadas.
Peña considera que las instituciones que no hayan dado esos pasos son "responsables directa de la falta de vivienda que sufre la población canaria".
La declaración de zonas tensionadas es uno de los instrumentos contemplados en la Ley estatal de Vivienda para intervenir en mercados residenciales con dificultades de acceso. Su aplicación permite activar determinadas medidas, entre ellas las relacionadas con la regulación de los precios del alquiler, siempre que se cumplan las condiciones legales correspondientes.
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