Vivienda y Tenerife firman un acuerdo de colaboración para mejorar el alquiler público

El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años y se centrará en mejorar la oferta alojativa en los municipios más tensionados de la isla

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Cartel de alquiler en una vivienda en Tenerife, Canarias. / ATLÁNTICO HOY
Cartel de alquiler en una vivienda en Tenerife, Canarias. / ATLÁNTICO HOY

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, a través del Instituto Canario de la Vivienda, ha firmado un convenio con el Cabildo de Tenerife para la puesta en marcha de un acuerdo de colaboración para realizar actuaciones en materia de vivienda, concretamente en la ejecución del Plan Canario de Vivienda 2020-2025. El objetivo es el de incrementar la oferta pública de viviendas en régimen de alquiler, especialmente en los municipios más tensionados de la isla de Tenerife.

El convenio establecerá el marco general y los límites en los que se encuadran las actuaciones que se llevarán a cabo mediante convenios específicos posteriores, que concretarán las obligaciones, el presupuesto, la financiación y la titularidad de los inmuebles adquiridos o construidos.

Competencias en vivienda

El director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, ha destacado que “este convenio entre la Consejería y el Cabildo de Tenerife permitirá a la administración insular tener determinadas competencias en materia de vivienda en la isla para impulsar la adquisición de suelos, la urbanización o la compra de inmuebles inacabados para ponerlos a disposición de los ayuntamientos que, a su vez, los transferirán al ICAVI para gestionarlos”.

El acuerdo establecerá la constitución de una comisión mixta, formada por representantes de la Consejería y el Cabildo, para estudiar la realidad insular, proponer actuaciones, valorar su viabilidad económica, y hacer el seguimiento y control de la ejecución del convenio.

Este tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por otro período máximo de cuatro años, y se regirá por la normativa aplicable en materia de cooperación interadministrativa, contratación pública, patrimonio y vivienda.