La reciente dimisión de Santos Cerdán, número tres del PSOE, tras un informe de la UCO que le atribuye el manejo de más de 600.000 euros en mordidas, marca un nuevo capítulo en una política española donde la corrupción ya no distingue siglas. Si en 2018 fue el PP quien perdió La Moncloa por la sentencia de la trama Gürtel, ahora es el socialismo el que afronta su propio terremoto judicial. El problema, sin embargo, va más allá de casos individuales: las prácticas opacas y la impunidad empresarial están profundamente arraigadas en el sistema, con contratistas que siguen repitiendo en el BOE legislatura tras legislatura. Mientras tanto, la izquierda alerta sobre la amenaza de la ultraderecha, pero los números en el Congreso y el desgaste por los escándalos alimentan la posibilidad de un cambio de mayorías. En este contexto, la corrupción se presenta no como un fallo puntual, sino como el síntoma de un ecosistema institucional fallido.