Vox pedirá que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, comparezca para dar explicaciones sobre la gestión de las Jornadas del Paisaje entre 2016 y 2019, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya formulado acusación contra los siete investigados en el procedimiento.
La formación ha anunciado este martes que su portavoz en la corporación insular, Yeray Suárez, solicitará formalmente la comparecencia para que el gobierno insular aclare qué mecanismos de control existían durante la contratación y qué medidas se han adoptado para reforzar la transparencia.
La acusación de Anticorrupción
Entre las personas acusadas figura Inés Miranda, actual consejera de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria y miembro de Nueva Canarias. La Fiscalía solicita para ella penas que suman cinco años de prisión y diez de inhabilitación por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y prevaricación administrativa.
Según el escrito de acusación, el Ministerio Público aprecia indicios de un posible sistema de adjudicaciones previamente determinadas, fraccionamiento de contratos y utilización de procedimientos administrativos para dar cobertura a servicios que podrían haberse ejecutado antes de formalizar su contratación.
Las acusaciones se conocieron la pasada semana y afectan a la contratación y la gestión económica de las jornadas celebradas entre 2016 y 2019.
Vox reclama explicaciones
Vox considera que la gravedad de los hechos atribuidos por la Fiscalía justifica que Morales explique públicamente cómo funcionaban los controles internos de la institución y qué pudo fallar en los procedimientos de contratación.
"La gravedad de las acusaciones formuladas por Anticorrupción exige explicaciones políticas. Queremos saber qué controles existían, qué pudo fallar y qué medidas se están adoptando para garantizar que el dinero de los grancanarios se gestione con absoluta transparencia", ha señalado Suárez en un comunicado.
El portavoz ha defendido que, aunque corresponde exclusivamente a los tribunales esclarecer las posibles responsabilidades penales, el gobierno insular debe rendir cuentas sobre el funcionamiento de la Administración y los mecanismos de supervisión del gasto público.
Medidas para evitar irregularidades
La formación también reclamará información sobre las actuaciones previstas para mejorar la supervisión de los contratos públicos, prevenir posibles irregularidades y garantizar el uso adecuado de los recursos del Cabildo.
Además, Vox quiere que se aclare cómo se protegerán los intereses económicos de la corporación insular ante las posibles responsabilidades patrimoniales que pudieran derivarse del procedimiento.
Suárez ha insistido en que la transparencia y el control del gasto deben ser principios fundamentales de la gestión del Cabildo de Gran Canaria. A su juicio, la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se ha administrado el dinero público y qué medidas se adoptarán para evitar que puedan repetirse hechos similares.
La solicitud de comparecencia anunciada por Vox busca, por tanto, que Morales ofrezca explicaciones sobre la gestión política y administrativa del caso, mientras el procedimiento judicial continúa su curso.
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