Los grupos parlamentarios PSOE, CC, PP, NC-BC, ASG y Grupo Mixto presentan en conjunto la Proposición de Ley de conciliación corresponsable y de medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Canarias.

Una iniciativa que quiere promover la adopción, en el ámbito público y privado, de medidas que permitan compatibilizar la vida privada de las personas trabajadoras con su empleo, garantizando igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la atención de responsabilidades personales y familiares.

Igualdad efectiva

La ley busca impulsar medidas para lograr la igualdad real entre mujeres y hombres en su desarrollo profesional, incorporando de forma transversal la perspectiva de género en entidades públicas y privadas y combatiendo la brecha salarial.

El diputado socialista Gustavo Santana explica que “esta Proposición nace del diálogo social entre agentes sociales y económicos, y de un arduo consenso de los grupos parlamentarios, conscientes de que debemos avanzar hacia políticas públicas que faciliten la corresponsabilidad y la conciliación laboral y familiar”. Ahora, añade Santana, “toca seguir trabajando con el resto de colectivos para aprobar la mejor ley posible” y defiende que Canarias debe ser ejemplo a nivel nacional ante la involución que algunos partidos pretenden en políticas de igualdad, implicando también al sector privado.

Pilares fundamentales

La portavoz adjunta de CC, Socorro Beato, considera que la conciliación y la corresponsabilidad son pilares esenciales para una sociedad más justa. Defiende que una Ley Canaria puede impulsar políticas transformadoras que garanticen derechos y destaca la necesidad de políticas públicas integrales que respondan a la diversidad de modelos familiares y realidades socioeconómicas. Según Beato, esta ley busca que la conciliación y la corresponsabilidad sean “un derecho garantizado, no un privilegio”.

La portavoz popular, Luz Reverón, subraya que la corresponsabilidad es un objetivo clave para lograr la igualdad real y que la conciliación laboral y familiar es “una condición inequívoca” para alcanzarla. Recuerda que el Estatuto de Autonomía promueve la igualdad entre hombres y mujeres, especialmente en el ámbito laboral y salarial.

Reto demográfico

Reverón advierte también que España afronta un importante reto demográfico, ya que la mitad de los españoles tiene menos hijos de los deseados por motivos económicos o de conciliación. “Por eso, la futura ley vela por los derechos de las familias de forma valiente y transformadora”, afirma.

La diputada de NC-BC, Natalia Santana, celebra la ley como “un paso histórico” fruto del consenso parlamentario. Reconoce la conciliación como derecho fundamental y apuesta por situar los cuidados en el centro de las políticas públicas. Entre las medidas, destaca la creación de una red de apoyo, la incorporación de cláusulas de corresponsabilidad en empleo y contratación pública, y planes de conciliación en empresas e instituciones. Subraya su impacto en colectivos vulnerables, como familias monoparentales o mujeres víctimas de violencia, y defiende que “legislar para garantizar el derecho a cuidar y ser cuidado sin renunciar a la vida propia es un avance de país”.

Corresponsabilidad familiar

La presidenta de ASG, Melodie Mendoza, respalda la ley como un paso decisivo hacia una Canarias más cohesionada, que pone “en el centro” a las familias y fomenta un reparto equilibrado de responsabilidades. Cree que ayudará a frenar la despoblación, especialmente en islas verdes y zonas rurales, y destaca que reconoce la diversidad de modelos familiares e impulsa servicios de apoyo. “Queremos que la conciliación sea un derecho efectivo para todas y todos”, concluye.

Por último, el portavoz del Grupo Mixto (AHI), Raúl Acosta, ve “inaplazable” la tramitación de una ley canaria que establezca un marco normativo propio para garantizar la igualdad, superando la actual dispersión de la legislación estatal. Recuerda que, desde la primera ley de conciliación en 1999 hasta el Real Decreto 05/2023 que adapta una directiva europea, la sociedad ha cambiado notablemente, lo que exige normas actualizadas y efectivas. Confía en que el consenso previo facilite una tramitación ágil y una pronta entrada en vigor.