Tiene la satisfacción del deber cumplido. Principalmente por la aprobación del actual Estatuto de Autonomía de Canarias que lo considera como un "detonante" para el futuro de las Islas. Comenzó a trabajar en el texto Institucional por encargo del ex-presidente del Gobierno canario, Adán Martín, desde que se creó un comité de expertos hace ya algunos años.
Ruano junto a Clavijo en su última comparecencia en el Parlamento de Canarias | EFE
Vídeoentrevista AtlánticoHoy| Ruano en un momento de la intervención | CANALATLANTICOHOY TV YOUTUBE
José Miguel Ruano León, durante la Legislatura 1999-2003, fue consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Posteriormente Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, entre otros cargos.
Nosotros hemos acudido al veterano político nacionalista (CC)para compartir su experiencia es esta sección especial, dedicada a acercar a los ciudadanos conocimientos sobre la relevancia del Estatuto, en una entrevista en el set del periódico digital de Canarias AtlánticoHoy.
Ruano ahora va a dar un paso a un lado, abandona la política. Y lo hace para dedicarse a su profesión como jurista. Cree que la política tiene que tener un principio y un final.
Vuelve al mundo del derecho, como letrado del cuerpo de funcionarios del Parlamento de Canarias y también como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna.
¿Cuál cree usted que ha sido el mayor logro del Estatuto?
El mayor logro es tener un marco específico de identidad dentro del Estado español. Creo que el Estatuto vigente desde el año 82, con una ligera modificación del año 96, digamos que el modelo de Estatuto de los años 80 se utilizó para muchas Comunidades Autónomas, y con algunas especifidades concretas que pudo tener el nuestro. No era un Estatuto propio en el sentido de tener su propia elaboración.
Cuando empezamos a trabajar en el nuevo Estatuto fue por encargo del presidente Adán Martín en el año 2004, porque hay que ver que es un proceso largo (desde 2004 hasta 2018), donde se pensó en la definición de archipiélago Atlántico como un modo de identificarnos dentro de España. Y eso no es un concepto geográfico solo, es un concepto político que tiene consecuencias desde el punto de vista territorial porque considera el mar como parte de su territorio. Y tiene consecuencias políticas para Canarias, desde las políticas del Estado, al igual como ya sucede con la Unión Europea hacia Canarias, que tiene consecuencias también respecto al Régimen Económico y Fiscal, la separación de los recursos del REF de la garantía de que el Estado que no puede modificarlo unilateralmente sin consenso con el Parlamento de Canarias. Y tiene consecuencias en un conjunto de competencias propias, que tiene mucho que ver con ese carácter de Archipiélago Atlántico.
¿Era necesario llegar a los 200 artículos para que fuera un Estatuto renovado?
Bueno, son los modelos de los Estatutos del Siglo XXI. Todos los Estatutos del Siglo XXI, en el conjunto de Estatutos que empiezan con su modificación con el de Cataluña, a pesar de los problemas que después tuvo el Tribunal Constitucional con Cataluña, así como el de Andalucía y Aragón, son todos modelos que hacen un amplio elenco de derechos y deberes que no existían en los Estatutos de los años 80.
Porque simplemente partían de que estaban vinculados a la Constitución. Y ciertamente los modelos del siglo XXI establecen un conjunto de derechos y deberes, y pormenorizan todos los temas de competencias.
En relación con lo primero lo que se hace es establecer obligaciones a los poderes públicos canarios, es decir, todo eso que se recoge ahí: derechos de las personas con discapacidad, los derechos a una renta de ciudadanía, entre otros. Son derechos que en los años 70 u 80 no se consideraban con ese alcance, o con esa intensidad. Y, por otra parte, todo el régimen de competencias detallado lo que pretende es que el Estado no invada competencias de la Comunidad Autónoma, aunque esto tiene que matizarse con una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el tema catalán del 2010. Los 200 artículos es verdad que es un número largo, extenso, pero creo que es perfectamente comprensible y ordenado.
¿Y con la nueva reforma electoral que incluye el Estatuto, con más proporcionalidad e igualdad en el voto por islas, usted espera que conllevará a que los ciudadanos generen un nuevo mapa político en el Parlamento?
No se sabe. Nosotros siempre hemos pensado, desde Coalición Canaria, que las decisiones sobre la reforma electoral no se tenía que tomar en Madrid, se tenían que tomar, en cualquier caso, en Canarias.
El Estatuto fijaría los parámetros generales, como ocurre normalmente, y después en Canarias se determinaría la junta electoral competente, la distribución del escaño entre islas, la lista autonómica. Ahora vamos a un Parlamento con 70 escaños, de los cuales 61 son de reparto por islas. Se ha subido uno más a Fuerteventura que tendrá ocho, más nueve de una lista Autonómica. La lista autonómica genera más proporcionalidad, pero también sobre esa lista la influencia de los votos de Tenerife y Gran Canaria lógicamente va a ser superior.
En cualquier caso, creo que esto no es un proceso que pueda considerarse de oponerse a una fuerza política. Algunos los han vendido como manera de eliminar Coalición Canaria, pero es un modo de venderlo de manera poco democrático. En cualquier lo que hacemos es defender un modelo de principios, de equilibrio y solidaridad en un conjunto de un archipiélago desigualmente poblado. Creo que "la solución" se tenía que haber adoptado aquí, que para mí es lo importante. Y desde el punto de vista de la experiencia ya se verá a partir del 26 de mayo de este año.
Cómo ve el salto cualitativo para el Gobierno regional en el aspecto competencial al abrir posibilidades con las nuevas atribuciones (El mar, gestión centros penitenciarios.)
Bueno, en la definición del territorio, el hecho de identificar a Canarias no solo como los ocho territorios terrestres habitados, las ocho islas habitadas que incluye ahora La Graciosa y también los Islotes, y sumarle a eso el mar que nos une y que no separa, tiene esto dos valores: el valor identitario y emocional. Al final Canarias es un todo, no son siete u ocho peñascos.
Y desde el punto de vista de las competencias, la posibilidad de ejercer competencias en ese espacio territorial y marítimo, por tanto, creemos que es un gran avance. Eso depende después de la materia concreta, de cómo se regula, pero si, por ejemplo, temas ambientales que se puedan realizar sobre el mar de las Islas son una competencia ahora del Gobierno de Canarias.
Vamos a tener otras competencias en temas de costas, así como en materia de seguridad, algunos aspectos de la gestión de aeropuertos y las tasas, así como el control fitosanitario de los productos que nos entran del exterior. Es decir, cuestiones que son muy importantes para una Comunidad Autónoma distinta, que está lejos, que necesita controlar, por ejemplo, toda la entrada de esos productos por nuestros puertos y aeropuertos donde se necesita tener participación en las cuestiones de la movilidad, siendo algo esencial para nosotros. En fin, creo que es un gran avance, en todos los sentidos; de cara a los ciudadanos que se interesan por conocer la trascendencia del Estatuto de Autonomía de Canarias y el REF, y ante unos nuevos Presupuestos del Estado sin garantías para las Islas en su cumplimiento.
De cara a los ciudadanos que se interesan por conocer la trascendencia del Estatuto de Autonomía de Canarias y el REF, y ante unos nuevos Presupuestos del Estado sin garantías para las Islas en su cumplimiento. ¿Qué siente usted cuando ha intermediado en el proceso del Estatuto y cómo se lo explicamos a los ciudadanos estos frenos?
Bueno el PGE para el 2019 fue rechazado, por tanto, ahora estamos en un proceso de convocatoria de próximas Elecciones Generales, pero es verdad que ese presupuesto empezaba por negar cuestiones que dos meses antes se habían aprobado. Por ejemplo, el propio Estatuto de Autonomía de Canarias y la Ley de aspectos económicos del REF. Quiero decir que, desde mi punto de vista, la relación con Madrid, con el Estado, con el Gobierno que esté, es siempre una relación de dialéctica y de convencimiento. A veces encontramos interlocutores válidos, de gente que nos escucha, atiende y comprende y hace viable cuestiones. Y otras veces encontramos que no identifican las compensaciones que recibimos por nuestra lejanía e insularidad, algunos lo identifican como privilegios. Esas personas que a veces tienen altos cargos en la Administración del Estado, pueden ser e incluso ministros y ministras, no tienen ni idea de lo que es Canarias en el conjunto de España. Y lo que es para Europa como Región Ultraperiférica o en lo que significó en su momento como expansión del Reino de Castilla hacia América.
En fin, esa ignorancia de ese tipo de responsables políticos es algo que tenemos que rechazar, y que desgraciadamente nos mantiene siempre a los canarios con la necesidad de reivindicar que Canarias tenga siempre una presencia relevante en Madrid.
El Ref precisamente ha sido uno de los puntos claves del Estatuto. ¿Qué le parece que después de conseguir nuestro fuero, Baleares pretenda marcarse un punto y sacar los mismos derechos que tenemos. Un oportunismo?
Bueno, ya en el año 98, creo recordar, que las Baleares hicieron algo parecido ya con lo que llaman el Régimen Especial de Balear porque vieron cómo evolucionaban los temas en Canarias y tratan de establecer una situación semejante. Pero Baleares está a escasos 90 km de la costa de la península, por tanto, son islas aunque no son Región Ultraperiférica (RUP) de la Unión Europea porque está en el propio corazón del Mediterráneo. Esto es relevante desde el punto de vista del estatus de uno o de otro archipiélago.
Para Canarias somos un territorio de expansión desde siglo XV cuando Canarias poseía colonias americanas en Suramérica, y ahora mismo la relación con Europa es de RUP. Por otro parte, desde el punto de vista político, no es sólo sino mero oportunismo, de sectarismo, del Gobierno de Sánchez de una comunidad liderada por el partido socialista, sino a que su vez no tiene ningún fundamento que se haya hecho por decreto Ley, como si hubiera una urgencia.
Los decretos Ley se hacen para casos de extrema necesidad, y así lo dice la Constitución. No sé como se puede justificar el sacar una Ley de corta y pega que ha cogido muchas cosas de aspectos fiscales que se vienen tramitando desde el año 2015. Creo que es una muestra más del sectarismo del partido socialista. Creo que algunas de las cosas no se van a poder sustentar en un eventual conflicto jurídico y, por otra parte, hay otras de la insularidad que esas sí compartimos la misma condición de Baleares y Canarias.